El secuestro de más de dos centenares de colegialas en Nigeria por parte del grupo islamista radical Boko Haram pone de nuevo sobre la mesa cuestiones no resueltas en el tablero internacional. Uno de los temas planteados es si la ley debe cruzar la frontera para responder precisamente a la delincuencia que sí lo hace. En el caso de las niñas secuestradas, parece que los integristas ya han cruzado la frontera hacia el Chad y Camerún, países donde podrían consumar sin presiones todas las violaciones de los derechos humanos que contra las niñas hayan perpetrado, incluida su venta por pocos dólares. Pero la circulación de las milicias terroristas por el continente africano no es una novedad: las diversas filiales de Al Qaeda tejen complicidades sin mayor resistencia en varios estados fallidos.
En plena lucha por el poder en Nigeria, el país más poblado de África y que está a las puertas de unas elecciones, la violencia sexual se ha utilizado como un arma de guerra, como así ha sido en otras situaciones de conflicto. La violencia sexual es considerada como síntesis política de la opresión de las mujeres, a la vez que imprime una dimensión colectiva a esta actuación repugnante. Y en esta situación el presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, pierde todavía más poder efectivo. Su tardía reacción ante el secuestro, pasadas varias semanas, no solo dificulta la posibilidad de encontrar a las chicas sino que deja al país aún más debilitado ante el jaque islamista. Porque Nigeria es el país africano en el que más mujeres acaban en manos de los traficantes de personas. Un país en el que el presupuesto de seguridad (más de 6.000 millones de dólares) duplica el de educación. Como en el caso de la niña paquistaní Malala Yousafzai, todo empieza en la escuela y los contrarios a la educación.
RESPUESTA INTERNACIONAL
El mensaje sin ambigüedades de Boko Haram, conocido ahora mundialmente gracias a su última barbarie, de que las mujeres y las niñas son solo objetos tendrá el valor de la respuesta que le dé la comunidad internacional. La denuncia del caso, fraguada en las redes sociales, ha generado una movilización que no puede conformarse con la emisión de condenas y palabrería. Solo cabe plantearse si lo que sucede ahora en Nigeria o el recurso a la violencia contra las mujeres es o no una prioridad política, en este caso de ámbito internacional.
