La crisis provocada por la pandemia del covid-19 está demostrando que en la toma de decisiones para afrontar sus consecuencias económicas, sanitarias y sociales hay, al menos, dos grandes modelos políticos: el basado en la cultura del acuerdo y el consenso (muy entroncado con las fórmulas políticas aragonesas) frente al de la imposición, donde la decisión se toma aunque no exista acuerdo entre todas las partes implicadas. Un sistema más propio de las conservadoras tradiciones mesetarias.
Si en Aragón fuimos capaces de elaborar una Estrategia Aragonesa para la recuperación social y económica , por mayoría «cualificada y ampliada por los agentes sociales y empresariales», por parte del Gobierno de España, cuando se trata de buscar acuerdos, los fracasos se reafirman y en lugar de persistir en el empeño del consenso, ignoran el valor de la tenacidad aragonesa, y se imponen los criterios particulares, cuando no partidistas, sin tener en cuenta que ya han pasado a ser una solitaria aunque «inmensa minoría política».
Del citado acuerdo aragonés existe un aserto clave que marca un deseo y un criterio político: «No dejar a nadie atrás en la nueva normalidad y conseguir un desarrollo justo, sostenible y duradero en las dimensiones económicas, sociales y ambientales».
Es lo que tenemos que conseguir también para nuestros ayuntamientos, como primera instancia, la más cercana a las personas. Estas administraciones locales aragonesas disponen en la actualidad de unos recursos, en torno a 700 millones de euros, de remanentes acumulados tras años de resultados positivos en sus liquidaciones presupuestarias. Pero estos fondos no pueden usarse fruto de la política del candado de Montoro y M. Rajoy , cuya alargada sombra todavía vivimos porque sigue vigente su famosa ley que encorsetó económicamente a los consistorios.
Sin embargo, lejos de buscar la llave para abrir esa vía, se ha aprobado el Decreto-ley 17/2020 sobre el uso de los remanentes de los ayuntamientos y diputaciones que desde CHA ya calificamos en su día de inaceptable, ya que cercena la autonomía local, obligando a estas entidades locales a prestar ahora su dinero para poder utilizarlo en un futuro con las condiciones y plazos que establezca el Gobierno estatal.
Las entidades locales llevan años siendo ejemplo de buena gestión, pero desde el Gobierno de España se les sigue tutelando, y el colmo es que ahora tengan que financiar al Estado para que se les permita usar su remanente solo en las materias que el Ejecutivo decida, y para que en Madrid equilibren sus cuentas con el dinero de los municipios.
Los daños colaterales han supuesto un episodio sin precedentes, un cisma en la FEMP, que puede acarrear, de no reconducirse, a un futuro distópico en el ámbito del municipalismo.
En esta misma línea consideramos desde CHA que las situaciones excepcionales como la que tiene la ciudad de Zaragoza también merecen un tratamiento específico, porque si la máxima política es que nadie, ninguna persona, colectivo, ni sector social se puede quedar atrás, tampoco ningún ayuntamiento, y menos el de la quinta ciudad del Estado.
Llegados a este punto del debate solo hay dos soluciones, o retiran su propuesta y tratan de alcanzar un acuerdo amplio, o se enfangará la norma en el tedioso procedimiento parlamentario de plenos, comisiones, enmiendas y votos particulares, siempre que pase la primera criba en la Cámara Baja.
Los ayuntamientos son la entidad más cercana a la ciudadanía, una pieza fundamental para, sin condiciones impuestas, reactivar la actividad económica e impulsar el bienestar social, al igual que lo han sido ya en la gestión de la reciente situación de emergencia.
Acordemos, porque el momento político, las personas y las administraciones implicadas lo requieren, lo necesitan.
*Secretario de Política Local de Chunta Aragonesista (CHA)
