La aparición de presuntos (o más que eso) casos de corrupción en España ha dejado de ser un goteo para convertirse en una lluvia pertinaz. En los últimos meses, casi no hay día sin que haya una iniciativa judicial, una denuncia de parte o una revelación periodística de irregularidades más o menos graves en la gestión de asuntos públicos. Y la pregunta que hay que hacerse es: ¿hasta dónde llega la capacidad de la sociedad para digerir la tremenda desazón que causa este envilecimiento? Nadie sensato quiere subvertir el sistema de representación que rige la vida política --sí, obviamente, mejorarlo--, pero cada día que pasa es más elevado el riesgo de que las soluciones mágicas se abran paso entre una ciudadanía descreída. Gran parte de la responsabilidad de revertir esta situación recae en el PP y el PSOE, los dos partidos que se han repartido el usufructo del poder en España desde la reinstauración de la democracia, pero en mucha mayor medida al PP porque hoy gobierna con mayoría absoluta. Por eso resulta decepcionante que, ante los últimos y sonados escándalos en sus filas (Acebes, Granados...), Mariano Rajoy se limite a "pedir disculpas" a los ciudadanos. Eso es quizá un gesto de humildad en alguien que ha solido callar o mirar para otro lado cuando la corrupción ha manchado a su partido, pero no es el gesto de valentía que la gravedad de la situación exige para empezar a regenerar de verdad la vida política española.

HECHOS CONTUNDENTES

Apelar a la presunción de inocencia ha dejado de ser a menudo un argumento legítimo para transformarse en mero recurso dialéctico de los implicados y quienes les sostienen con el fin de ganar tiempo, estrategia a la que ayuda la tradicional y exasperante lentitud de la justicia. El efecto, en cualquier caso, es demoledor por lo que respecta a la credibilidad del sistema político y judicial ante los ciudadanos, incapaces ya muchas veces de discernir cuánto hay de verdad y cuánto de suposición en los escándalos que van emergiendo y tentados de dar por verosímiles todas las denuncias. Cambiar este estado de cosas no se logrará con peticiones de perdón, sino con hechos contundentes. Si la nueva ley de partidos que prepara el PP es un reclamo para mejorar sus expectativas en las municipales y autonómicas del 2015, solo hará que empeorar un escenario cada vez más inquietante.