El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid lamentaba esta semana que no han podido cumplir su promesa de contratar enfermeros para los centros educativos porque no existen. No existen tampoco los suficientes rastreadores en casi todo el territorio español, no hay suficientes médicos en atención primaria, ni profesores para poder desdoblar clases, ni asistentes sociales en las residencias de ancianos, ni auxiliares de apoyo en todos estos ámbitos.

Es insuficiente el personal administrativo para tramitar, con la agilidad que la situación de crisis requiere, los expedientes de ERTE o del Impuesto Mínimo Vital, y eso que el Instituto Nacional de la Seguridad Social junto con la Dirección General del Catastro y la Agencia Tributaria son un modelo de éxito en los procesos de modernización de la Administración Pública.

Pero las estructuras y los procesos necesitan personal, y los reiterados discursos sobre la necesidad de adelgazar la administración con la que muchos han martilleado durante décadas, nos ha explotado en la cara. La pandemia nos ha revelado un cuerpo asistencial y burocrático raquítico, al que le hemos ido quitando año a año la fortaleza necesaria para ser un óptimo prestador de servicios públicos. El talento emigrado ante la imposibilidad de encontrar trabajo cualificado en lo privado, pero también en lo público, las tasa de reposición, la importación de modelos de contratación inestables, en general, la precarización de los nuevos empleados públicos nos ha llevado a esta situación en la que ya resulta difícil taparnos las vergüenzas.

En un país en que el nivel de importancia que los ciudadanos le atribuimos a los servicios públicos es muy elevado, más del 90% lo sitúan por encima del 7 entre 10, y aunque el grado de satisfacción empezó a decaer por debajo del 50%, en 2012, cuando las consecuencias de los recortes post crisis eran constatables, el discurso ideológico de la ineficiencia de lo público y del elevado gasto caló en nuestra percepción. Y así se levantaron campañas electorales contra la descentralización de competencias a las comunidades autónomas o la supresión de entidades como las diputaciones provinciales como si fueran ornamentos vacíos de alma. Y ahora, en un momento agónico, la única evidencia es que necesitamos más personal en el servicio público, probablemente más versátil, con habilidades multidisciplinares, pero irrenunciable en número. Más y mejor no son aquí adverbios contrapuestos, sino complementarios. H