La aplicación del estado de alarma quema en las manos de un buen demócrata. Dejar tu libertad en manos del Estado -sea cual sea su apellido- siempre es un error, salvo en casos muy excepcionales que resulten efímeros.
La pandemia por el virus con corona se está frenando en nuestro país por el éxito del confinamiento decretado por el Gobierno de Sánchez. No hay más. El estado de alarma es el único plan conocido para que la desescalada sea un éxito.
Otra vía jurídica hundiría al país en una incertidumbre que no tenemos el lujo de permitirnos. Es cierto que hay dudas jurídicas de reputados constitucionalistas sobre la aplicación del estado de alarma durante la pandemia, por asemejarse más a un estado de excepción, al ampliarse en exceso y simular más un arresto domiciliario que una libertad plena con restricciones. Pero con honestidad: es el único instrumento aplicado, conocido y efectivo hasta la fecha en España.
No es el momento de experimentos políticos o jurídicos cuando un rebrote podría condicionar al país en una miseria aún más grave -humana, sanitaria y económica-. Hay que entender que el estado de alarma como mecanismo jurídico no es inmóvil. Es posible ajustarlo a las necesidades puntuales del país tanto como se parlamente en el Congreso.
Es en la Cámara Baja donde procede determinar el alcance del estado de alarma durante el camino de la desescalada: reducir los días de aplicación o darle más autonomía a las comunidades, por ejemplo. Hay múltiples opciones que dependen del diálogo parlamentario.
Y ahí está la espada de Damocles. La falta de consenso en la aplicación del estado de alarma que reclama el Gobierno debe solucionarse. Es inadmisible la fragilidad de la política en un asunto tan urgente. Ni siquiera hay un acuerdo entre las dos fuerzas mayoritarias.
La estrategia de Pablo Casado de colocar la soga política de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus por rechazar la ampliación del estado de alarma denota su falta de estrategia. Su discurso no dista mucho del de Esquerra Republicana, Vox o Bildu.
El estado de alarma no tiene condicionantes inmóviles. Se puede negociar en el Congreso de los Diputados como reclama Feijoó o Lambán. Nadie más que Sánchez se merece un revés parlamentario por su ineficacia a la hora de gobernar con improvisación, sin diálogo y cierta prepotencia. Pero no hay que condenar a un país en este momento por un mal Gobierno.
