Los disturbios acontecidos en diferentes ciudades españolas tras la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél son inaceptables y condenables. Ninguna causa, por muy noble que sea, puede defenderse con violencia, ni los violentos merecen más que una repulsa sin fisuras. Para que una democracia funcione, el cumplimiento de las reglas es obligatorio, como también los es seguir los cauces establecidos para cambiar estas reglas. A golpe de contenedor quemado no se reivindica más que la destrucción.

La sentencia condenatoria de Hasél es muy controvertida y criticable, como lo han hecho destacados juristas. Se puede disentir de ella, y se puede argumentar la necesidad de cambiar las leyes en que se basa el fallo e incluso impulsar estos cambios legislativos. La libertad de expresión es un bien sagrado a preservar. Para un rapero y para los periodistas.

La juventud de este país tiene muchos motivos para la irritación. Los nacidos a finales de los 90 o ya en este siglo no han conocido más que una concatenación de crisis que amenaza el ascensor social. Desigualdad, paro y precariedad son moneda común generacional. En este contexto, cualquier chispa puede dar lugar a una movilización de protesta. Ahora bien, por muchos motivos que pueda haber, la violencia por la violencia nunca es la forma de canalizar el malestar.

Hace ya tiempo que la actuación de los antidisturbios está bajo la lupa. Las malas praxis policiales existen, pero no más que el de la violencia callejera al que los agentes tienen que enfrentarse, últimamente de una virulencia muy preocupante. Una Policía democrática debe encontrar siempre el punto medio entre el derecho de la manifestación y la defensa del espacio público y de la ciudadanía ante las acciones de los violentos. El uso proporcional de la fuerza es esencial, incluso en situaciones cargadas de tensión. Que una manifestante pierda un ojo es condenable y debe ser objeto de investigación. Acierta Interior al revisar los protocolos de actuación de los agentes.

Todas las fuerzas políticas deberían criticar con igual contundencia los errores y los excesos policiales y judiciales y los errores y los excesos de algunos manifestantes. En una sociedad sana y democrática debe ser compatible el pleno ejercicio de libertad de expresión, manifestarse a favor de ella, criticar la mala praxis policial y denunciar los excesos de la manifestación. De la misma forma que por exigencia democrática hay que velar por que el Estado cumpla con su trabajo bajo estándares democráticos, es necesario que el sistema político y la sociedad entera repudien la violencia de estos días.