A pesar de los pesares, a pesar de que nuestro día a día informativo se ve condicionado, hasta el hastío, por la cuestión catalana y el cada vez más agresivo y envalentonado nacionalismo español, la vida sigue. Y eso, en nuestro país, esa España con la que, cuanto más a la derecha del espectro político te hallas, más te llenas la boca, quiere decir que la Justicia sigue desgranando los modos y maneras en que dirigentes del PP han saqueado al Estado, a España. Se conoce como trama Gürtel.
Estos días, ante la casi generalizada indiferencia de los medios de comunicación, va tocando a su fin el juicio de la Gürtel. En él, la Fiscalía está mostrando una extremada contundencia a la hora de apuntar al carácter delictivo de la actuación no de personas concretas, que también, sino del propio Partido Popular. Hasta en tres ocasiones consecutivas la fiscal subrayó que era el PP quien aparecía como muñidor y beneficiario de este proceso de estafa al Estado, a España, y, por tanto, a toda su ciudadanía. Unido a otras actuaciones judiciales, que apuntan a Esperanza Aguirre, a Alberto Ruiz Gallardón, a Cristina Cifuentes, todo parece indicar que el PP en su conjunto se ha sostenido a través de operaciones delictivas. A Gallardón se le acusa, textualmente, de «depredar» el patrimonio de Madrid. Una depredación que, en unos casos sirvió para el lucro personal, y, en la mayoría, para engrosar las arcas del partido. Una de las consecuencias es que las campañas electorales del PP se han sufragado con dinero ilegal y se han desarrollado, por lo tanto de modo ilegal. Lo que equivale tanto como a decir que tenemos un Gobierno salido de un proceso electoral cuando menos bajo sospecha.
La historia del PP de los últimos años es la de la progresiva imputación de sus dirigentes. El honesto de ayer se convierte en el imputado de hoy. Con lo que los honestos de hoy tienen muchas papeletas para convertirse en los imputados de mañana. Es una inferencia elemental. El desarrollo lógico, por desgracia, de los acontecimientos. Ya hemos visto imputar a un antiguo director general de la Policía, Juan Cotino, ahora a todo un ex Ministro de Justicia, Gallardón. Y si los cuerpos de seguridad y la Justicia son dirigidos por presuntos delincuentes, ¿es esperable un funcionamiento adecuado, ajustado a derecho, de esas instituciones? La respuesta es más que evidente.
Este es el verdadero drama que vive este país, la prostitución de la democracia que se está operando desde el interior de las propias instituciones democráticas, puestas al servicio de intereses personales o de partido. Nada debe ser analizado obviando esta realidad, que resta legitimidad democrática al Gobierno y al PP a la hora de plantear cualquier medida tendente a la defensa de la legalidad.
No es de extrañar que el PP aliente el ondear de banderas, pues las banderas suelen nublar el entendimiento. Sin embargo, además de un ejercicio de distracción, es un ejercicio peligroso, que está haciendo revivir viejos fantasmas y actitudes que pensábamos habían sido borradas tras cuarenta años de democracia. Nada más lejos de la realidad. Pero el PP se encuentra muy a gusto con esos fantasmas, que no en vano son sus fantasmas familiares, los penates a los que rinde tributo.
En esencia, el tema de Cataluña ha sido un gran señuelo construido por las derechas de ambos lugares para desviar la atención. Pero mientras a la derecha catalana se le ha vuelto en contra y le aboca a un callejón sin salida, a la española no solo le sirve para meter toda su porquería detrás de las banderas, sino para resucitar buena parte de su ideario más radical. Todo un regalo para ese testigo privilegiado de la trama Gürtel que se llama Mariano Rajoy.
*Profesor de Filosofía. Universidad de Zaragoza.
