En medio del naufragio, el Poder Judicial se ha revelado como el último baluarte que todavía resiste -mal que bien- a las presiones que han ido conquistando (y corrompiendo) al resto de poderes del Estado. No por casualidad, viene siendo señalado por quienes ven en él un obstáculo insalvable para el cumplimiento de proyectos tan contrarios al derecho como al interés general. Pero, pese a borrones tan graves e incomprensibles como el de la chapucera autoenmienda en torno al impuesto sobre las hipotecas, los togados siguen siendo hoy en España los encargados de defender el cumplimiento de unas leyes aprobadas democráticamente. Esto los convierte en guardianes de la única democracia real: la que existe, no la que se sueña. En este contexto, no es casualidad que una hija putativa de la Justicia, como la Junta Electoral, encargada de garantizar la neutralidad de la campaña, haya acabado por desnudar a quienes intentan prostituirla por todos los medios a su alcance.
El último episodio, quizá el más transcendente, ha sido la reconvención del debate a cinco planteado por el grupo Atresmedia, que incluía la participación de un partido sin representación parlamentaria como Vox. Más allá del criterio utilizado, la falta de un sufragio superior al 5% en una convocatoria de ámbito nacional y el agravio con otras formaciones minoritarias, esta decisión ha acabado por trastocar el planteamiento bajo el cual fueron convocados los comicios. De facto, la Junta enmienda así la plana al presidente del Gobierno, que aprovechó sus prerrogativas para acogerse al marco de polarización dispuesto en la manifestación de Colón que sirvió a su vez de reválida a los de Abascal. Pero también a quienes han abonado las tesis frentistas de sus asesores áulicos dinamitando cualquier posibilidad de diálogo tras las elecciones, como hizo Cs.
Además, esta rectificación ha puesto a Sánchez en el brete de escoger entre el grupo privado y la televisión pública, lo que ha acabado por sacar a relucir toda una serie de contradicciones que evidencian por qué ningún otro jefe del Ejecutivo había publicado una biografía estando en el cargo o por qué es más fácil predicar sobre la independencia de los medios que dar trigo. Al final se harán los dos debates.
Otras decisiones de la Junta han pasado más desapercibidas, pero merecen atención. Por ejemplo, la concesión de un permiso al que fuera líder de la ANC durante los hechos de octubre de 2017 en Cataluña, Jordi Sànchez, para ofrecer dos ruedas de prensa desde prisión. En la primera, esclarecedora, ha facilitado una investidura a Sánchez sin condiciones. También se ha concedido un plácet al cabeza de lista de Esquerra en las elecciones generales, Oriol Junqueras, para dar dos entrevistas y participar de forma telemática en un mitin. A la luz de estos hechos resulta complicado mantener que en España hay «presos políticos» encausados por la defensa de sus ideas y no por la violación del marco común que garantiza la convivencia de todos los ciudadanos. Poco importa que algunos medios hagan mofa o escarnio de estas garantías, como hizo TV-3 ante la prohibición de utilizar unas expresiones partidistas en sus informativos que intentó mantener después con la ridícula etiqueta presis polítics; o que se tilde de obsoletas prohibiciones como la de publicar encuestas durante la última semana de campaña, cuando cada día somos testigos del desvergonzado uso que se hace de la demoscopia para influir en el electorado hasta desde organismos oficiales.
Mientras tanto, en el antiguo convento de las Salesas de Madrid el proceso contra los líderes independentistas sigue su curso bajo el ritmo pausado que marca el mazo de un presidente de sala exquisito en las formas, pero firme en el fondo. Se trata del mismo juez Marchena que dedicó un límpido non serviam al luciferino poder que asomaba en el whatsapp del que fuera director general de Policía del PP de Rajoy, Ignacio Cosidó; un poder que se oculta en las alcantarillas cuando no conviene que se vea, pero que se exhibe en los telediarios si es menester.
*Periodista
