Normalizar a los partidos radicales debería ser una de esas obligaciones básicas, democráticas, morales, de los partidos nada radicalizados en la práctica política de una España donde también son representativos del voto popular Bildu o Vox, por citar las siglas más polémicas en estos momentos preinvestidura.

Dichas fuerzas, y otras de uno u otro extremo, no deben seguir siéndolo ni al margen de las instituciones ni empleando estas como arma ideológica.

Si tienen derecho, por la fuerza de sus votos, y por la matemática parlamentaria, a ingresar, a ocupar escaños en ayuntamientos, diputaciones provinciales, gobiernos autonómicos, Senado o Congreso, háganlo, ocúpenlos, prometan o juren sus cargos. Y desempéñenlos, bien desde el poder, bien en la oposición, con lealtad a las reglas de juego y respetando muy especialmente la Constitución. De hacerse así, en poco tiempo estos partidos se habituarían al ritmo parlamentario, al contacto con los medios de comunicación y al respeto institucional.

Por el contrario, mantener los vetos a Bildu o a Vox, o a Esquerra, la negativa a pactar con ellos, siquiera a sentarse a su mesa, en lo único que derivará será en una progresiva radicalización de sus posturas e ideas, buscando, más que complementar el orden político, descuadrarlo con la permanente agitación y la constante negativa a colaborar con proyectos de interés público.

El statu quo, o casta, en la que tan fácilmente se han instalado Podemos, Compromís, Cs y tantos otros que venían a cambiarlo todo tiene, sobre la tentación de marginar, la obligación de integrar. Si no lo hacen serán de su exclusiva responsabilidad los fenómenos de adversa climatología política que se avecinan: inestabilidad atmosférica, tormentas e inundaciones, súbitos cambios de temperatura y, lo más grave, la sequía participativa, el aumento de las zonas desérticas entre el poder y sus gobernados.

Una cuestión de fondo, pero no baladí. Su peso, su trascendencia se verá en breve. Si los radicales no se moderan o son moderados a través de los pactos, del ejercicio de las administraciones y de las normas democráticas, se tensarán aún más, hasta romper la cuerda.