Nuestro Tribunal Superior de Justicia

Como recibí no solo la gentileza de una invitación para asistir al acto sino la de intervenir en él, acepté ambas cosas y tuve la oportunidad de decir algunas, ateniéndome, eso sí, al tiempo marcado; antes de verme en la política, aprendí haciendo oposiciones, que la cuasi fundamental de cualquier discurso estriba en no agotar el tiempo utilizable ni menos, la paciencia de los oídores.

Fue una buena ocasión para hablar, "con el debido respeto", de ese capítulo de la autonomía que representa que los poderes locales y regionales operen con propio criterio y sin más fiscalización que la de los tribunales. Antes de aprobarse nuestra Constitución, pasaban de quinientos el número de acuerdos administrativos de las corporaciones locales que requerían la previa aprobación del poder central o su posterior V° B°, para poderse ejecutar.

¿Querríamos continuar igual o querríamos un régimen constitucionalmente descentralizado? Para este segundo caso, las opciones eran dos: dotar de autonomía a regiones y corporaciones locales, manteniendo la unicidad del Estado, o dar un paso más para convertir a España en un ente federal con 17 estaditos y que, pese a tales fracturas, fueran capaces de hacer algo juntas.

Opino que se acertó optando por el Estado único depositario de la soberanía que corresponde a todo el pueblo español, de manera indivisible; nadie habló de atomizar la soberanía en tantas porciones como CC AA. Nadie habló en serio de hacer una España federal, sin más fundamento histórico que aquella insólita experiencia de nuestra I República y que apenas duró un año, aunque fue tiempo bastante para tener que nombrar cuatro sucesivos presidentes.El primero de ellos, Estanislao Figueras, un día no pudo más y saliendo de palacio como quien va a dar un paseo, dejó en el Congreso una carta renunciando al cargo y se fue a París, sin esperar más.

La autonomía es un medio institucional muy apropiado para gestionar y resolver una buena porción de asuntos públicos, pero a condición de que no la pretendamos convertir en cosa distinta: por defecto, en un mero trampantojo, y por exceso, en la disolución de España en 17 o más Estados nuevos.

Regresando a la conmemoración que motiva estas líneas, mantuve que nuestro Alto Tribunal es indispensable para la vida de la política autonómica, remediando, dentro de sus competencias, lo que bien no se hiciera y haciendo frente a cualquier arbitrariedad. Debemos creer en el Derecho porque sin practicarlo con mesura, la Política se convertiría en barbarie.

Pero no está de más, añadir que tampoco la Justicia y el Derecho existirían sin la Política y de ahí el empeño que tanto la ciudadanía como los poderes públicos tienen que asumir para no hacer almoneda de toda la clase política. A veces se supone con ligereza, que "todos los políticos son iguales" o eso otro de que "todos son culpables", grave injusticia que se comete con la mayoría inocente, con tantos políticos como "no son noticia" porque cumplen sus deberes y nunca ocasionan escándalos ni perpetran apropiaciones indebidas.

José Camón Aznar, que estudió Derecho porque su padre no veía claro aquello de las Letras, cuenta en su autobiografía que el Derecho no le interesó nada, "que era terriblemente prosaico" y que solo constituía "un imponente monumento al simple sentido común".

Comentando con Camón aquel parecer suyo, le dije que, acaso sin querer, había dado con una buena expresión de lo que representaba el Derecho porque, ciertamente, su grandeza y el deber de cuántos lo ejercemos, consiste en procurar que tanto el Derecho como su meta áurea, la Justicia, no sean solamente un horizonte que veamos sin poderlo tocar, sino también, un servicio inmediato a la convivencia y a la participación posible en la vida pública. Mi buen amigo Pepe Camón, somarda cuando quería, me respondió evasivo que así debía ser cuando yo se lo decía. Y aún asumió una cita de Gracián: "Hay que hacer las cosas antes de que se ponga el sol". H