Si el director de este periódico amigo me lo permite, querría en cuarto y último lugar reproducir un párrafo de mi introducción a la Historia de Aragón editada por La Esfera hace casi diez años, que dirigí y en la que escribí la Introducción, de la que procede, y el capítulo sobre nuestra transición democrática (y luego, también con su permiso, me gustaría plantear varias cuestiones sobre nuestras lenguas):
Han vivido en Aragón cientos de miles de personas que permanecieron algún tiempo, fueran militares o funcionarios civiles, jornaleros u obreros, obispos, empresarios o futbolistas. También ellos, especialmente los que más raíces echaron, han contribuido a conformar una imagen colectiva, un cierto estereotipo sobre los aragoneses, que ha pagado tributo al nefasto costumbrismo decimonónico, a ese tópico sobre la sincera brutalidad y el humor chusco baturro, tan rechazado hoy por la mayoría.
¿Quiénes son, en realidad, propiamente aragoneses? El Derecho define esa condición política como la de todos los ciudadanos españoles que tengan en Aragón su vecindad administrativa. Hasta no hace mucho, se entendía que lo eran cuantos nacieron en el territorio y siguen en él o piden judicialmente esa continuidad; o son hijos de aragonés o aragonesa y desean esa condición; o viven en Aragón al menos diez años; o se casan con aragonés o aragonesa. La actitud social y política de la población llega más lejos y no pone tantas exigencias: considera aragoneses a cuantos nacieron y desean seguir siéndolo donde quiera que vivan, y a cuantos viven en Aragón y se encuentran a gusto ahí, se sienten miembros de una comunidad que no pregunta por partidas de nacimiento ni pasaportes o carnés de identidad.
Claro que esto último plantea numerosas cuestiones sobre cómo tratar a estos hombres, mujeres y niños llegados de otros mundos y culturas, si además de ofrecerles y proponerles adhesión a nuestra Constitución y costumbres españolas, también procede hacerlo con la historia y la cultura, las tradiciones y la mentalidad colectiva aragonesas, lo que no puede ser impuesto, pero sí parece conveniente para permitir una cohesión lo más eficaz posible de la trama humana que formamos todos. Algo así como decir a los llegados: «Sed bienvenidos, y ved si os resulta interesante y provechoso asumir como vuestra esta historia que nos da raíz y origen; si, además de cuanto traéis (lengua, religión, cultura, amor a vuestras patrias de origen), que nosotros respetamos y haremos por comprender, os sentís a gusto con lo que conforma esta colectividad a la que venís, quizá, a quedaros para siempre».
Evidentemente, ese pacto no escrito, y ni siquiera formulado, pero que todos intuimos, obliga por nuestra parte a una reconsideración, no de los hechos, que son los que fueron, sino acaso de su interpretación, de lo que valen para las gentes de hoy, aragoneses de nacimiento o adopción. Los antecesores han ido dejando en herencia a sus descendientes toda una serie de instituciones: el Derecho, los Fueros, el Justicia, el Rey, las Cortes, la Diputación General, que junto a otras muchas cuestiones asumidas con toda España, definen su idea de gobierno y sociedad organizada.
Como la ley mosaica, todo puede resumirse en algo muy sencillo y complejo a la vez: el Derecho, que informa la vida social y económica, la política y la familia. Atenerse a la libertad civil (Standum est chartae) es la máxima puntal de las relaciones personales. Mantener un cuerpo legal propio, a pesar de los cinco siglos largos de vinculación con otros reinos peninsulares, y de que el Derecho común ha ido avanzando según algunas particularidades aragonesas, al igual que el comunitario europeo, es toda una hazaña que demuestra el aprecio mantenido por ciertas formas de relación, sean la herencia, la viudedad, la mayoría de edad u otras.
Un Derecho al que todos se remiten si sienten en peligro alguna de sus partes, que lleva a exigir a los reyes el juramento de los Fueros y observancias vigentes, previo a su coronación y reconocimiento, y a emplazarles a cumplirlo si no quieren ser desobedecidos. Aunque no fuere cierto el juramento ante el árbol de Sobrarbe»(«Que cada uno vale tanto como Vos y todos juntos más que Vos…»), en él hay un germen de pactismo que, al ser evocado con frecuencia, genera una actitud de relativización del poder monárquico; y eso sí que ocurrió, y sus conflictos ha costado.
Como ha estudiado no hace mucho Antonio Peiró, tanto ésa como las restantes «leyendas» de nuestra historia (Roncesvalles, la campana de Huesca, San Jorge, El Pilar --relato que queda en el lado de la fe--) y otras son más que discutibles desde el puro positivismo que exige documentos y pruebas; pero pertenecen, sin duda, al conjunto de nuestros respetables y queridos «mitos». Forman parte del imaginario colectivo, contribuyen a nuestra identidad. ¡Incluso su puesta en cuestión!
De ahí que, por ejemplo, nos resulten más fáciles de aceptar los hallazgos arqueológicos hasta el mundo romano, y veamos con escepticismo muchos cronicones y relatos medievales. O cuando se evocan, a veces con dudoso historicismo, las Cortes o el Justicia. Fueron y son, replanteadas, instituciones muy importantes para su tiempo, que suponían un cierto control del poder real y una notable organización y funcionamiento, además de establecer jurisprudencia que iba enriqueciendo -y complicando- el corpus legal propio. Pero identificar a las Cortes (aquellas) con un parlamento democrático carece de sentido: allí estaban representados los grupos de poder, de ahí su enfrentamiento con los monarcas. Algo parecido ocurre con el Justiciazgo, encarnado con frecuencia de modo casi patrimonial en auténticas dinastías, nombrados por el propio rey al que debían garantizar la correcta aplicación de las leyes, el debido cumplimiento de procedimientos y normas. Siempre es bueno que ello exista de oficio, pero sólo en casos como el enfrentamiento frontal, audaz, del jovencísimo Justicia Juan V de Lanuza con el todopoderoso rey Felipe, hizo que se enalteciera, sobre todo en la época romántica, la figura de aquél.
*Catedrático jubilado de la Universidad de Zaragoza.
