Tras la luz verde de los consejos de administración de CaixaBank y Bankia, ya es una realidad la creación del mayor banco de España y el décimo de Europa por volumen de activos, fruto de la fusión de las dos entidades que, en sus orígenes, fueron las principales cajas de Cataluña y de Madrid. La nueva entidad se llamará CaixaBank y su logotipo será la icónica estrella de Joan Miró, con lo que la marca Bankia desaparece. Este hecho ejemplifica que esta trascendental operación financiera, que aún debe cubrir varias etapas para cumplir el marco normativo español y europeo, es en realidad una absorción y no una fusión, como por mor de la corrección política, se la ha llamado hasta ahora.

Como editorializaba este diario al conocerse la noticia de la operación -la más importante en décadas en el mercado financiero español-, ha sido clave determinar la denominada ecuación de canje, es decir, establecer cuánto vale en realidad cada banco para determinar qué proporción de la nueva entidad le corresponde a cada accionista. Los dos protagonistas de la operación, la Fundación Bancaria La Caixa (principal accionista de CaixaBank a través de Criteria) y el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), han acordado que CaixaBank se valore a casi el triple de Bankia en el precio del intercambio de acciones, con lo cual Criteria tiene el 30% del accionariado, y el FROB, algo más del 15%. A esta diferencia de tamaño cabe añadirle el hecho de que la marca de CaixaBank es más sólida que la de Bankia, salpicada por malas prácticas de antiguos gestores. A pesar de los vaivenes bursátiles, es evidente que no se trata de una fusión entre iguales.

La entidad resultante afrontará en una situación más sólida que por separado el difícil momento económico, en pleno desplome económico por la pandemia, tipos de interés muy bajos y un previsible incremento de la morosidad a causa de la emergencia social. Es evidente que operaciones de este tipo buscan la eficiencia económica, lo cual implica tomar decisiones sobre el empleo, la red comercial o la localización de la sede fiscal y operativa (la oficial continuará en Valencia). Unos 43.000 trabajadores están pendientes de las decisiones que se tomen en este sentido, cerca de 500 de ellos en Aragón, donde las oficinas no llegan a 90. Más allá del objetivo económico de la operación, una entidad que cuenta con el Estado en el accionariado debe mostrar una sensibilidad exquisita en las consecuencias laborales de una operación de esta envergadura.