Cuatro años después del gran apagón analógico y del advenimiento de la televisión digital terrestre (TDT), el espacio radioeléctrico español vuelve a sufrir otro seísmo que obliga a las emisoras de televisión a hacer mudanza e instalarse en frecuencias distintas de las que emiten actualmente. Se trata en este caso de apretarse entre ellas para dejar paso, y sobre todo espacio, a los operadores de la tecnología 4G --que permite la telefonía móvil con internet de alta velocidad--, que ya han desembolsado 1.300 millones de euros para poder explotar esos nuevos servicios a partir del primer día del 2015.
El calendario de esta nueva reordenación de las frecuencias televisivas --obligada por una orden de rango europeo-- entra hoy mismo en su recta final. Los telespectadores tienen poco más de dos meses para resintonizar los canales y reajustarlos.
En muchos casos el proceso técnico no irá más allá de la manipulación del mando a distancia, pero en otros más complejos (comunidades de vecinos de tamaño medio o grande) deberá intervenir un profesional cuyo servicio habrá de ser costeado por el usuario en la parte que no cubrirán las subvenciones oficiales que ha establecido el Gobierno central.
1 DE ENERO
El proceso es de notables dimensiones, ya que afecta a casi 1,3 millones de edificios (unos 10 millones de viviendas) y tiene un tiempo justo y limitado: hasta el próximo 1 de enero. Empresas de antenistas ya han hecho saber sus dudas de poder hacer frente a la avalancha de trabajo que se les viene encima en los dos próximos meses. Ante la posible fiebre de antenas haría bien la Administración, y los propios ciudadanos, en combatir cualquier forma de intrusismo en las operaciones técnicas. Se debe evitar que a frecuencias revueltas haya ganancia de timadores.
Pero la gigantesca mudanza televisiva viene acompañada de un debate político. Tras la reordenación, algunos canales autonómicos perderán un grupo de frecuencias (que puede afectar a su canal de alta definición), lo que ha sido interpretado por sus gobiernos como recortes inaceptable impulsados por el Gobierno, y anuncian actuaciones.
Los técnicos están asustados por el proceso operativo y por que a la demanda de los usuarios no tenga una respuesta de los fabricantes de material. Los políticos debieran estarlo para hallar una solución negociada. Tampoco en esto les queda mucho tiempo.
