El último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía (UDEF) aportado a la investigación del denominado caso Plaza ha supuesto una nueva imputación para un mando intermedio de Acciona, por las dádivas que presuntamente percibió Ricardo García Becerril, exgerente de la Plataforma Logística impulsada por la DGA. Pero podría no ser el último, porque además del documento aportado al juzgado, la UDEF ultima otra línea de investigación en la que se apunta a cargos políticos del departamento de Obras Públicas de los gobiernos PSOE-PAR. La base de estas sospechas son los correos electrónicos del propio García Becerril en los que alude directa o indirectamente al viceconsejero Carlos Escó y al consejero Javier Velasco y al papel que pudieron jugar en algunas concesiones de obra.