Siempre resulta complejo decidir sobre qué titulaciones universitarias deben implantarse en una comunidad autónoma. Si a ello añadimos que en el caso de Aragón, extenso y disperso en lo geográfico y centralizado en lo socioeconómico, sólo existe una Universidad (la de Zaragoza) con campus en cuatro ciudades, las dificultades se acrecientan. Y si además sumamos que el Gobierno de Aragón ha aprobado el primer trámite del proceso de constitución de una universidad privada en Zaragoza (o su entorno), el tema adquiere una especial dimensión puesto que se deben conjugar criterios objetivos referidos a las titulaciones (demanda, recursos existentes, sinergia,...) con otros de oportunidad y otros, nada desdeñables, de conveniencia política.
En diciembre de 1998, el Consejo Social de la Universidad de Zaragoza elevó al Gobierno de Aragón un meditado estudio sobre nuevas titulaciones. Hasta la fecha se han implantado siete, quedando pendiente un número importante de las que por criterios y demanda se consideraban necesarias para el desarrollo universitario, económico y social de Aragón. En estos momentos, el citado documento necesitaba una revisión actualizada en función de las circunstancias expuestas y del proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
La adecuación al EEES va a imponer una moratoria a la autorización de nuevas titulaciones. Desde el Consejo de Coordinación Universitaria se ha anunciado (pendiente de publicación oficial por parte del ministerio) que el 1 de marzo de 2005 es la fecha límite para la aprobación de nuevas titulaciones. A partir de esa fecha las universidades deberán posponer el inicio de nuevos estudios hasta el establecimiento del catálogo de titulaciones derivado del proceso de convergencia europea que previsiblemente no estará finalizado antes del 2007.
Estos son los antecedentes y las circunstancias que rodean a la propuesta de nuevas enseñanzas universitarias en Aragón: contrarreloj en los plazos y espoleados por la oferta académica anunciada por la universidad privada.
Ello no ha sido óbice para que el Consejo de Gobierno y el Consejo Social de la Universidad de Zaragoza hayan cumplido con su responsabilidad, trasladando al Gobierno de Aragón una propuesta con el máximo grado de acuerdo posible. Basada, por un lado, en indicadores objetivamente evaluables: situación académica de la titulación, recursos, inserción laboral, interés estratégico, impacto y sinergia. Y, por otro, aplicando, hasta donde el consenso lo ha permitido, los criterios de descentralización y de potenciación de los campus temáticos. El primero debe servir para desarrollar de forma cohesionada el conjunto de nuestro territorio y las enseñanzas universitarias deben contribuir a ello. El segundo facilitaría la existencia de una masa crítica de alumnado y de equipos docentes que permitiría el desarrollo de la enseñanza y de la investigación en condiciones de calidad, aspecto que consolidaría la actividad de esos campus.
La conjugación de todo esto se ha concretado en una propuesta de 17 titulaciones, dividida en dos bloques de prioridad: en el corto-medio plazo se proponen 11 titulaciones (4 sin determinar el campus) y en el medio-largo, 6. Una ambiciosa decisión que sobre el papel sitúa a nuestra Universidad en condiciones de ampliar y mejorar su oferta, a la vez que le da instrumentos para competir con el entorno público y privado más o menos cercano.
La decisión última está en manos del Gobierno de Aragón y, en buena medida, de él y de su compromiso con la enseñanza superior dependen el presente y el futuro de la Universidad Pública en Aragón. Las titulaciones que autorice serán un indicador inequívoco y la financiación que destine para su implantación resultará ser la prueba definitiva.
*Secretario de Política Institucionalde CCOO- Aragón
