La paralización, ayer, de los trabajos de ampliación del canal de Panamá supone la consumación de una amenaza que pendía desde el 1 de enero, cuando el consorcio que lidera la empresa española Sacyr anunció que no podría continuar los trabajos si el presupuesto de la obra no se incrementaba nada menos que en 1.600 millones de euros. Las negociaciones para evitar este punto crítico no han fructificado, y aunque el diálogo entre las partes se mantiene, el conflicto, que encierra enormes intereses económicos, entra ahora en una nueva fase, de imprevisible evolución. Las presiones para que las obras se reanuden cuanto antes provienen tanto de las compañías aseguradoras como de EEUU, que aunque no logró para sus empresas la adjudicación del proyecto tiene mucho interés en él porque tendrá un impacto en puertos norteamericanos que han invertido para poder acoger buques pospanamax, los que podrán pasar por la esclusa en construcción. Lo que ya ha quedado tocado es el prestigio de la marca España: un consorcio que a mitad de una obra la quiere encarecer en un 50% es una muy mala carta de presentación.
