El año 1873 se aprobó en España la llamada ley Benot. Su objetivo era proteger a los niños de los abusos y la explotación en la industria de la época. Desde entonces hemos seguido impulsando, con la movilización y la negociación, una mejora de las condiciones laborales de las y los trabajadores. La legislación laboral de la democracia tuvo, a través del Estatuto de los Trabajadores, un consenso que permitió acabar con el Fuero del Trabajo del Franquismo. Posteriormente las diversas reformas planteadas han reducido derechos, lo que ha motivado su contestación, tanto en forma de huelgas generales como de manifestaciones. En este sentido, la reforma laboral del Partido Popular tiene más coincidencias con el Fuero de la dictadura que con el Estatuto de la transición. A pesar de la mayoría conservadora su reforma tuvo una amplia contestación social. Pero la fuerza de su rodillo parlamentario terminó por trasladar a la normativa laboral los deseos de los sectores más duros económicos y sociales, que contaron con la aquiescencia europea, con la excusa de la crisis. Aún seguimos arrastrando el daño de tanto retroceso.
El contrato ideológico del derecho laboral del siglo XX se ha terminado. Ya no se cambia salario por tiempo, a riesgo del empresariado. Las nuevas modalidades de empleo implican que sean los asalariados quienes asuman ese riesgo, además de parte de los propios costes empresariales. No es justo, ni necesario. La crisis del 2008 fue un negocio redondo para el neoliberalismo. Nos metieron en el agujero de la bancarrota ganando cantidades millonarias. Y decidieron no perder. Socializaron su ruina y capitalizaron su reconstrucción con el dinero de todos en un negocio de riesgo cero en el que nunca recuperaremos lo que les prestamos. Incluso nos quisieron hacernos sentir culpables al echarnos en cara que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Y hasta el emérito se lo llevaba desde su pretérito hacia su futuro, de forma pluscuamperfecta. Negro y en barril: crudo.
Fueron años duros, con el ascenso al poder absoluto de la derecha. No solo se auto rescataron, sino que además legislaron todos los viernes (negros) contra los derechos de los trabajadores, sus familias y contra cualquier desfavorecido al que le pudieran sustraer una gota de sangre. Las lágrimas y el sudor ya los tenían. De aquellos años nos queda, entre otras cosas, la reforma laboral del 2012 y su herencia de ocho años de despidos baratos, así como las modificaciones unilaterales de jornadas, condiciones y salarios. Inutilizaron, al mismo tiempo, la tan valorada negociación colectiva con la posibilidad de descuelgue de los convenios más favorables. Nos dijeron que creaba empleo y lo troceó. Nos dijeron que crearía riqueza y conocimos al trabajador pobre. Nos contaron que los jóvenes eran la generación mejor preparada de historia de España y los tenemos en Alemania. Nos anunciaron el paraíso y nos trajeron el infierno laboral del propio Dante.
El acuerdo de coalición del Gobierno progresista está basado en combatir la precariedad en el empleo. Además de repudiar la herencia que nos dejó Rajoy con sus reformas, se asume el compromiso de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores y, si me permiten la sugerencia, de Trabajadoras o del Trabajo. Esta nueva norma tiene que tener el perfil progresista que merecen unas nuevas relaciones laborales. En el siglo XXI cobra más relevancia fortalecer la negociación colectiva, mejorar la protección del empleo, hablar del reparto de la plusvalía y, por supuesto, profundizar en la democratización, e igualdad de la mujer, en los consejos de administración de las empresas. Por todo ello debemos acometer ya la reforma de las relaciones del trabajo. Empresarios y poderes económicos ejercerán de profetas del apocalipsis laboral si se cambia una coma del actual texto. Pero la única plaga que se hizo realidad llegó del modelo que impusieron con sus amistades del PP que debilitaba globalmente la protección de las personas y sus derechos. Sin el fortalecimiento de una economía social no hay sociedad. Si seguimos ignorando el respeto al medio ambiente, peligra nuestra salud y la de nuestros descendientes. Quizás hayamos aprendido que impulsar la globalización, sin medir las consecuencias de la realidad, nos trae pandemias y más debilidad en la economía y el empleo. La solución pasa por fortalecer lo público para no hacernos más vulnerables. Debemos abordar un cambio en el modelo productivo que tenga en cuenta la dignidad de sus conciudadanos. Porque hoy todos somos tan empleados como cuidadores. Proveedores y clientes, consumidores y usuarios. La sociedad en red, intercomunicada e interdependiente, necesita cambios y una nueva regulación laboral adaptada a los mismos y a los derechos de los trabajadores.
*Plataforma Progresista de Zaragoza
