En este curso acelerado de combate contra el covid-19, a partir del próximo fin de semana empezamos una lección nueva. Comienza el desconfinamiento que, según lo aprobado este martes por el Consejo de Ministros, constará de cuatro fases que se podrán completar en cuatro o seis semanas. Unos pasos sin plazos fijos, y reversibles si los indicadores de contagios o de enfermos graves se disparan y vuelven a poner en jaque a nuestro maltrecho sistema sanitario, lo que en la práctica se traduce en un riesgo más elevado de mortalidad. Empezaremos por salir a hacer deporte o a pasear sin mantener contacto con personas diferentes a las que convivimos y acabaremos reabriendo definitivamente las escuelas en septiembre. Entre tanto, iremos recuperando actividades siempre que se pueda mantener la distancia social: en los trabajos, en los restaurantes o en los locales de ocio reduciendo el aforo, en el transporte público, etc. Y con la recomendación de que siempre que se pueda se use la mascarilla y se extremen las medidas de higiene. A los indicadores sanitarios y epidemiológicos se les sumarán los de movilidad y los económicos. La posibilidad de avanzar dependerá del grado de cumplimiento de estas medidas y de que no tengan un impacto negativo en indicadores objetivos: tasa de contagios, capacidad de control de la red de asistencia primaria, nivel de saturación de las uci, movilidad, nivel de ocupación, etc. Una mala praxis nos llevará a unos indicadores que nos obligarán a ir hacia atrás.

Lógicamente, este camino no va a seguir una velocidad homogénea en todos los territorios. Para empezar porque el punto de partida en esos indicadores objetivos ya no es el mismo. El ejemplo más claro son las islas que ya están sin contagios. De entrada, se saltarán la fase 0, la que empieza el sábado con los paseos y el deporte individual. El Gobierno ha optado por la provincia como base de cálculo de los indicadores y, por lo tanto, de avance en las distintas fases del desconfinamiento. Como regla general puede servir, pero habrá que administrarla con sentido común. Ni hay que caer en lo que Angela Merkel ha llamado la orgía de la subasta del desconfinamiento ni hay que tratar a un pueblo de Teruel igual que a un populoso barrio de Zaragoza o Madrid. Renunciar a unas pautas uniformes en todo el Estado es positivo, pero conlleva una complejidad que debe ser manejable. Ese tratamiento diferenciado solo puede darse si se dan dos condiciones: que existan datos de la unidad territorial que se pretende desconfinar y que sea operativo limitar su movilidad con territorios limítrofes que se hallan en otra fase. Es posible que para el primer caso pudiesen llegar a servir las áreas básicas de salud pero que para el segundo hay que hablar como mínimo de comarcas, regiones sanitarias o provincias. El Gobierno no ha sido sensible a los panteamientos que esgrimía Aragón, pero eso no significa que las autonomías se dejen llevar por las ansias de complacer a la gente. Porque más duro que alargar el confinamiento será recorrer el camino inverso, que puede llegar a tener peores efectos en la confianza de los ciudadanos.

No es momento, pues, de dejarse llevar por la ansiedad sino de ejercer cada uno su responsabilidad: el Gobierno de España debe marcar criterios claros antes que consignas y procurar que todo lo que se necesita para desconfinar tiene un suministro adecuado y a precio justo. Las comunidades autónomas tienen que reorganizar la asistencia primaria y hospitalaria y proporcionar datos fiables para seguir los indicadores objetivos; y los ciudadanos, actuar con prudencia.