Los ayuntamientos españoles, al menos los de las grandes ciudades, tienen dificultades económicas, gestoras y técnicas, es decir, no funcionan con la eficacia y la precisión que demandan y merecen los ciudadanos. Ahora, 25 años después del inicio de la etapa democrática, se ha consensuado una ley para "modernizarlos" --como dicen los cursis--, o sea, para que funcionen como deben. Con esta nueva norma, que entró en vigor el día uno, en los plenos se debatirá absolutamente todo, se podrá incluir en el gobierno municipal a gestores no electos para que administren y gestionen como si de una empresa privada se tratara, y se crearán consejos sociales para dar voz al ciudadano, además de otorgar más capacidad sancionadora a la Policía Local, entre otras cosas. En palabras del alcalde Belloch, los grandes ayuntamientos se van a "parlamentarizar", mientras que para Ruiz Gallardón se van a convertir en espacios "muy prósperos, con capacidad para generar riqueza y bienestar". O sea, una revolución administrativa que va a ser la leche en cuanto a utilización del dinero público, pues los alcaldes tienen manos libres para fichar a auténticos cracks en su objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Con estas nuevas reglas de juego se entendería que el papel de la oposición estuviera más y mejor definido para poder ejercer un control directo sobre los equipos de gobierno. Pero no. A juzgar por la actitud de los alcaldes que han empezado a aplicar la ley, los ayuntamientos van a funcionar como un consejo de administración, impermeable a lo que el parlamentarismo indica.
