El Justicia de Aragón ha tenido que recordar a la DGA que, como propietaria de unos pisos, puede iniciar ya procedimientos de desahucio contra los inquilinos que no se amoldan a las normas de convivencia. Varios residentes de un grupo de viviendas públicas del Actur llevan años penando por los continuos actos de vandalismo que se producen en la escalera, garages y trasteros, sin que el casero, es decir la DGA, obligue a sus inquilinos a cumplir sus obligaciones. Vivir de prestado gracias a la generosidad de los ciudadanos no significa vivir en la selva, por eso la DGA debe aplicarse en garantizar la seguridad de los denunciantes.
