Aunque es preocupante que cada vez que hay un cambio de gobierno en nuestro país se apruebe una nueva ley de educación, en realidad no es lo más grave. Lo verdaderamente grave es que en cada nueva ley no se modifique lo que ha deteriorado la calidad del sistema educativo y, en cambio, se centre el cambio en aspectos estrictamente ideológicos o, lo que es peor, en la anulación de medidas que han resultado eficaces, por el simple hecho de haber sido puestas en práctica por el partido rival. La evidencia de que ello es así se obtiene analizando los ámbitos que pretende modificar el anteproyecto que el actual gobierno ha hecho público.
Parece ser que se quiere convertir la asignatura de religión en voluntaria y, por tanto, sin influencia en la nota media. Como contrapartida, los alumnos de los últimos años de primaria y de la ESO tendrán que cursar la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos. Igualmente, los alumnos del bachillerato tendrán que cursar la asignatura de Filosofía. También se suprime la denominada «demanda social» de la LOMCE por considerar que favorece a los centros concertados y se propone eliminar la subvención a los centros concertados que separen a los niños y a las niñas. Si se analizan los factores que según la investigación existente sobre el tema intervienen en la calidad de la escuela, es fácil concluir que ninguno de esos cambios posee relevancia alguna ni para mejorar la calidad ni para empeorarla. Solo son intervenciones ideológicas que, lógicamente, cuando llegue al poder otro partido las suprimirá de un plumazo.
El afán por empeorar la calidad del sistema educativo queda claramente de manifiesto cuando se comprueba que este nuevo proyecto de ley suprime las reválidas y los itinerarios curriculares al final de la ESO destinados a mejorar el rendimiento escolar de los alumnos con problemas en el aprendizaje académico, los cuales se sustituyen por un hipotético e inconexo «apoyo psicopedagógico personalizado». Asimismo, se pretende otorgar la titulación de bachiller a alumnos que tengan suspensa una asignatura, si bien es cierto que con algunas limitaciones poco convincentes. Por último, hay una propuesta que adquiere sentido por la necesidad que tiene este Gobierno de recibir apoyo de los partidos independentistas, pero que puede ser definitiva para romper la unidad de España. El Gobierno central se reserva un escuálido 65% a la hora de imponer los contenidos de cada asignatura, rebajándolo a un 55% en las regiones con lengua propia, e incluso permitiéndoles fijar el número de horas semanales de lengua española.
En cambio, no se modifica ni una coma referida a la estructuración de la enseñanza secundaria obligatoria que impuso la LOGSE, a pesar de ser este nivel el auténtico cáncer de nuestro sistema educativo no universitario. Lo más paradójico es que tampoco el partido popular, cuando aprobó la LOMCE, metió el bisturí en la ESO, dejándola tal y como la había diseñado el partido socialista en el año 1990.
Si se hace un estudio histórico de la calidad del sistema escolar español desde el año 1980 hasta la actualidad, tomando como referencia los indicadores de calidad admitidos por todos los expertos (porcentaje de alumnos aprobados y suspensos en función de las calificaciones escolares dadas por el profesorado, porcentaje de alumnos repetidores de curso, porcentaje de alumnos que terminan el período de la escolaridad obligatoria con más de un año de retraso, porcentaje de alumnos que están por debajo de la media en las evaluaciones externas, etc.), se observa que en los últimos 35 años los resultados han sido más o menos semejantes en la enseñanza primaria. En cambio, donde los resultados han descendido de manera alarmante ha sido en la ESO.
A la vista de esos datos empíricos que cualquier persona interesada puede consultar, cabe preguntarse: ¿A qué se ha debido esa pésima calidad de la ESO? Tomando como referencia los datos empíricos procedentes de la investigación existente sobre el tema tiene fundamento suponer que las causas más relevantes hacen referencia a tres hechos impuestos por la LOGSE: las condiciones de escolarización de la ESO, la formación del profesorado al que esa ley asignó la docencia en dicha etapa escolar y la nula interconexión entre los distintos niveles y etapas de la pirámide escolar como consecuencia de la extrema rigidez de la carrera docente.
Las elevadas tasas de fracaso escolar que se producen en la ESO (en todas las materias y cursos muy superiores a las de la media europea) son explicables en los niveles de la enseñanza no obligatoria cuando se permite a los estudiantes acceder a ese nivel sin necesidad de superar ninguna prueba de selectividad a la entrada (es decir, sin tener que aprobar ninguna reválida). En cambio, en ningún caso son tolerables en un nivel donde la escolarización es obligatoria para todos los chicos y chicas, como sucede en el caso de la ESO De ahí la necesidad perentoria de llevar a cabo una remodelación estructural de los cuatro últimos cursos de la enseñanza obligatoria, un cambio drástico en la formación y selección del profesorado, como asimismo una eficaz incentivación de la carrera docente en función de los objetivos conseguidos. Sin embargo, el nuevo anteproyecto de ley no incide para nada en la estructura de la escolaridad obligatoria, en la formación y selección del profesorado, ni en la regulación flexible y personalizada de la carrera docente.
*Catedrático jubilado. U. Zaragoza
