El plazo en el que el Gobierno ha considerado el teletrabajo como modalidad preferente allá donde era posible ha concluido. El retorno de los trabajadores a las oficinas forma parte de la recuperación progresiva de los espacios que la pandemia dejó vacíos, y que es positivo que se vuelvan a ocupar como síntoma de la salida de una situación excepcional y forzada. Un retorno que, obviamente, debe hacerse con todas las garantías de seguridad sanitaria para los trabajadores.

No obstante, la experiencia del teletrabajo de estos meses ha cambiado definitivamente las maneras de trabajar. Probablemente se vaya a un modelo híbrido, que combine en muchas empresas el trabajo presencial y el telemático. Un punto al que se llega sin una ley que regule el trabajo desde casa. Mientras Gobierno y agentes sociales siguen negociando la norma, y ya se están alcanzando los primeros acuerdos, preferentemente en lo que concierne a las administraciones y la función pública, algunos oportunistas aprovechan el limbo legal para deslocalizar la producción y ofrecer empleo en condiciones degradantes.

Es urgente sentar las bases legales del teletrabajo, que beneficie tanto a empresas como a empleados, y contribuir así a un avance económico sostenible y equilibrado del país, y no a una mayor precarización del mercado laboral. Es un momento de máxima responsabilidad y todas las partes han de poner de su parte.