El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, ha reconocido que no dispone de fondos para atender los derechos derivados de la Ley de Dependencia. Su función es gestionar los servicios y prestaciones recogidas por la ley y no escudarse en las evidentes dificultades económicas de las administraciones. Y en todo caso, si no se ve capacitado para conseguir los fondos necesarios o con fuerza para presionar en su Gobierno o al ministerio que ha reducido las aportaciones para la Dependencia, debería dejar paso a quién lo intente.
