Artículo 118 de la Constitución: «La ejecución de las sentencias dictadas por jueces y tribunales en el ejercicio de su potestad jurisdiccional es una de las más importantes garantías para el funcionamiento y desarrollo del Estado de Derecho». Partidas de Alfonso X: «Los jueces deben ser diligentes para hacer cumplir sus sentencias». Da igual lo que digan la Constitución y el Rey Sabio, hasta nueve veces ha tenido que pedir el Gobierno de Aragón al Juzgado número 1 de Huesca que ejecute su propia sentencia (dictada hace dos años) sobre los bienes de Aragón que Cataluña tiene que devolver. Y tendrá que ser por las malas, es decir, con la intervención de las fuerzas del orden, porque el Govern de Cataluña ha advertido que no piensa obedecer a la juez Carmen Aznar. El Gobierno central, el Consejo General del Poder Judicial la Fiscalía del Estado, el sursum corda, miran con lupa el Procés que establece aplicar la Ley de Ruptura con España al día siguiente del referéndum. Pero mientras tanto, ante los ojos de todo el aparato estatal y judicial, Cataluña vulnera sistemáticamente las resoluciones judiciales con una impunidad que es un agravio intolerable para los aragoneses. ¿Por qué el Gobierno y la Judicatura se desentienden de un asunto que enfrenta desde hace años a dos comunidades autónomas ante el silencio cómplice del Ministerio de Cultura? ¿Acaso no quieren molestar a Cataluña? ¿Entienden lo que significa garantizar el Estado de Derecho? Dice Rajoy que la ley catalana de desconexión sería un chantaje gravísimo y una amenaza. ¿Para quién?
*Periodista
