Con la aprobación el jueves en el Congreso de los Diputados, y su consiguiente traslado al Senado, la tramitación exprés de la ley de seguridad ciudadana, también llamada significativamente ley mordaza, sigue superando los trámites parlamentarios bajo el férreo rodillo del Partido Popular y la estéril queja de la oposición. Constituye una norma básica de la ciencia política que todo Estado democrático está obligado a mantener unos niveles de seguridad para que sea posible el ejercicio de los derechos y las libertades individuales. Es la propia Constitución la que encomienda al Gobierno la protección de estos dos valores esenciales para la convivencia. El proyecto impulsado por el Gobierno, sin embargo, cosechó serias dudas desde que salió a la luz pública, poco después precisamente de grandes movilizaciones ciudadanas --y prácticas de denuncia como los escraches-- por los dolorosos efectos de la política de austeridad. La dureza inicial de la redacción fue tal que el máximo órgano de la judicatura (CGPJ) recomendó a Interior realizar cambios en el texto, especialmente en lo relativo al ámbito de retenciones, identificaciones y cacheos de los ciudadanos, si se quería superar el listón de la Carta Magna sobre protección de derechos sociales.

SUAVIZAR LA NORMA

Suavizó mínimamente el Gobierno la norma en algunos de esos aspectos, como lo ha tenido que hacer con las denominadas deportaciones en caliente de inmigrantes en Ceuta y Melilla --lo que supone retocar la ley de extranjería-- tras la severa reprimenda de las instituciones europeas sobre esas prácticas. Ahora, las devoluciones policiales solo se podrán hacer cuando los inmigrantes intenten sobrepasar "en grupo" los elementos fronterizos de contención. Ridícula corrección en la forma sin tocar el fondo.

Todas esas leves matizaciones no han podido diluir el marcado carácter represivo de un proyecto que deja en manos de la Administración la potestad discrecional de calificar como falta grave acciones que desarrollan derechos fundamentales de expresión o manifestación. Más que una ley de seguridad ciudadana de la democracia, parece que nos hallamos ante una normativa de orden público del Gobierno, que, con su rápida aprobación a pesar de la oposición general, se garantizará la paz en las calles justo cuando llega un año repleto de citas electorales.