El Constitucional ha dado la razón al Gobierno de Aragón, que desde 1997 viene reclamando la gestión de Ordesa. Una sentencia reconoce ahora que el Estado estaba invadiendo competencias autonómicas, y deja la gestión de los parques nacionales en manos de las comunidades. Desde que en 1916 España dictó la Ley de Parques Nacionales, la gestión de los mismos se ha convertido en un complejo entramado jurídico y competencial que había que desenredar . La decisión del Constitucional será una buena decisión si las cosas se hacen bien y priman más los intereses naturales que los que mariposean en el entorno de los parques.
