OTRA POLITICA DE VIVIENDA

El aumento del precio de los pisos es bueno para los propietarios. Para la mayoría de las familias su principal activo de capital es su vivienda. Su valor de mercado ha aumentado. Se podrá objetar que, aún así, no se puede realizar la plusvalía, porque si alguien vende su piso, con lo que saque probablemente no podrá comprar otro. O sí. En todo caso es un activo que se revalúa. A los millones de españoles que ya tienen piso no les importa que suba el precio de la vivienda, a no ser que tengan hijos. Les importa los pagos de la hipoteca. Pero mientras el BCE no suba el tipo de interés, no hay cuidado. La subida de los precios de la vivienda es buena para las instituciones financieras que dan la hipotecas, porque así son mayores los créditos que hacen a cada familia. Y es formidable para las empresas constructoras, los que les vendan tierras edificables, los ayuntamientos, arquitectos... La imparable subida de los precios es mala para las parejas, o individuos, jóvenes, inmigrantes, o cualquiera que no tenga alojamiento y quieren comprar un piso. Aquí radica el problema social, que el nuevo Gobierno de izquierdas quiere solucionar. El hecho de que haya grupos de bajos ingresos, que están excluidos de facto al derecho a una vivienda decente que les garantiza la Constitución. Una política de vivienda razonable y justa debe mantener lo bueno y eliminar lo malo. Las medidas que tome el Gobierno no deben perjudicar los intereses legítimos de la industria de la construcción. Tampoco sería prudente una irrupción brusca en el mercado de vivienda que redujera la oferta, lo cual elevaría más los precios. La política pública de vivienda no puede ignorar las causas económicas de las subidas de precios. En primer lugar, el nivel de los tipos de interés y del coste de las hipotecas. El aumento del ingreso disponible de hogares con dos sueldos, la llegada de inmigrantes de la UE, que compran vivienda cara, y no comunitarios, que compran lo que pueden. Y la adquisición de viviendas como inversión de quienes huyen de la bolsa. Lo único que podría hacer el Gobierno sobre la demanda es aumentarla, aunque parezca paradójico, ayudando con subvenciones a quienes, a los precios actuales, no la pueden ni adquirir ni alquilar. Pero eso tiene el riesgo de elevar más los precios, por lo que sería más recomendable que concentre sus acciones sobre la oferta. El Gobierno debe procurar que no se reduzca la oferta de vivienda como haría con una regulación drástica de los precios. Para aumentarla tendría que aumentar la cantidad de tierras para la construcción, y para eso poner en el mercado tierras públicas, cofinanciar la urbanización y comunicación de las de uso agrícola cercanas a las ciudades e incentivar a las constructoras a producir más barato. Impuestos a las viviendas no ocupadas como a los demás activos de capital, y la Agencia Nacional de Alquileres para incentivar el alquiler, serían soluciones eficaces.