Ya está, ha ocurrido lo que muchos temíamos. De creer a Pedro Sánchez es posible que no vaya a haber más sesiones de investidura. Aunque la Constitución permite que se hagan cuantas sean precisas, dentro del margen de dos meses tras la primera de las votaciones, el presidente en funciones parece que considera que no hay otra opción que dejar transcurrir el tiempo y convocar nuevas elecciones generales.
La permanencia de un Gobierno en funciones tiene graves inconvenientes ya que a veces por imperativo legal y otras por simple sentido de inoportunidad, muchas decisiones necesarias no se toman. Entre ellas se encuentra el endiablado conflicto catalán, al que la Cámara de Comercio de Barcelona acaba de añadir otro puñado de pimienta prohibiendo el castellano en sus actividades.
Hay que agradecerle al Tribunal Constitucional, en su reciente sentencia, conocida a primeros de este mes de julio, que haya sido tan claro. Primero, por la unanimidad, que no es necesaria pero sí ayuda mucho. Segundo, por el varapalo a los independentistas y a Podemos, los recurrentes, a los que no les deja ninguna opción. Tercero, al PP y a Ciudadanos, que llevan meses pidiendo un 155 para ya y permanente. Cualquier alumno de primero de Derecho sabe que es inconstitucional esa opción, pero los líderes de esos dos partidos, ambos licenciados en Derecho, han preferido la demagogia para ganar algunos votos antes que una explicación sensata a sus votantes. Ya sabemos que aplicar el 155 es perfectamente ajustado a derecho siempre que se haga cumpliendo con los requisitos que exige la Constitución.
A mi juicio, cuando Mariano Rajoy, como presidente del gobierno, se dirigió al Senado para solicitar la aplicación de este artículo solo cometió un error, el haber tardado una eternidad. Llevaban ya muchos meses los dirigentes de la Generalitat incumpliendo sus obligaciones y el Gobierno de España no debió esperar tanto. Ahora nos encontramos con una situación que podría llegar a parecerse a aquella.
Quim Torra es el presidente de la Generalitat y, de conformidad con la constitución y con el Estatuto de Autonomía, es el representante ordinario del Estado en esa comunidad autónoma. Y eso conlleva una serie de obligaciones que está incumpliendo. Veamos algunas de ellas, como ejemplo de lo que está ocurriendo.
La presencia del Rey en Cataluña no es partidista, no va allí para los monárquicos ni para unos cuantos españoles. Es el Jefe del Estado y como tal hay que tratarlo. El ir a acompañarlo no sería una cuestión de cortesía, en absoluto, como pretenden presentarlo, o como lo es en el caso de la alcaldesa, que no tiene la condición de representante del Estado. Lo es por obligación, y el señor Torra la está incumpliendo en repetidas ocasiones. Como autoridad del Estado que es tiene la obligación de hacer cumplir todas las normas y, por supuesto, tiene que cumplirlas. Y si la Junta Electoral Central, con jurisdicción en toda España, le ordena algo, tiene que hacerlo. El episodio de los lazos no es algo baladí, es poner una institución estatal, la Generalitat, al servicio de unos partidos, lo que no es legal (ni decente), por lo que la actuación de la Fiscalía era inevitable, como lo será el procesamiento y, con toda seguridad, su condena, ya que él mismo ha admitido la desobediencia. Sigamos con las embajadas, técnicamente oficinas comerciales. El ministro de Asuntos Exteriores ya ha puesto varias de ellas bajo la lupa de la Justicia y es muy posible que se ordene su cierre. Nuevamente desobediencia, malversación de fondos públicos, incumplimientos graves de las obligaciones de la Generalitat, que insiste en el error ya que acaban de anunciar la apertura de tres más, ahora en Sudamérica.
He dejado para el final el tema de los viajes a Waterloo. Ya se han cuantificado unos pocos y sabemos, por datos de la propia Generalitat, que es mucho dinero y que se están pagando con dinero público. He oído a alguien decir que le da igual, que es dinero de los catalanes, lo que es mentira. En España no hay dinero de los vascos o de los extremeños, todo el dinero es de los españoles, por lo que esos viajes se están pagando con dinero de todos nosotros, lo que me parece un escándalo. Creo que jurídicamente es indefendible que uno, y a veces varios, dirigentes públicos de la Generalitat viajen al extranjero a entrevistarse con un fugado de la Justicia. Desconozco si ya se ha iniciado alguna acción legal para exigir el pago de esos viajes de su bolsillo particular, algo que creo necesario.
Y nos queda la sentencia. Es posible que Pedro Sánchez vea algún alivio, si volvemos a votar, en el hecho de que antes de que vuelvan las sesiones de investidura, ya en el próximo 2020, debería haberse dictado sentencia en relación con el procés. ¿Qué pasará entonces? Mi predicción es que nada bueno. ¿Habrá que aplicar el 155?
*Militar. Profesor universitario. Escritor
