En días pasados se sometió a información pública el estudio de viabilidad con el que se pretende justificar la concesión a una empresa privada de la construcción y explotación del nuevo hospital de Alcañiz. Por vez primera el lobi privatizador va a hacerse en Aragón con un gran centro de servicios sanitario, cabeza de puente y laboratorio de ensayos para una progresiva conversión de la sanidad pública aragonesa en fuente de negocios privados. Pero conviene no olvidar que este modelo privatizador viene ya desarrollándose por el Gobierno de Aragón desde hace varios lustros (con gobiernos PSOE-PAR y PP-PAR.
Siempre se ha planteado la misma justificación para recurrir a fórmulas público-privadas: acometer grandes inversiones evitando transgredir las normas de estabilidad presupuestaria: asegurando que la deuda contable compute en la empresa contratista y no en la Administración.
Ese fue el pretexto que llevó al último Gobierno de Marcelino Iglesias a empeñarse en privatizar los 1.540 kilómetros de la red principal de carreteras aragonesas. Se trataba de que las empresas que ganaran los concursos de adjudicación buscaran socios financieros para invertir antes de 2013 nada menos que 650 millones de euros en acondicionar las vías autonómicas, a cambio de una concesión de explotación por 25 años que costaría a las arcas autonómicas 2.400 millones de euros: 1.000 millones más que si se proyectara lo mismo con el modelo de inversión contratada y explotación pública que venía usándose.
Como denunciamos entonces, aquel disparatado proyecto era económicamente inviable y lo que provocó es que las carreteras se dejaran abandonadas durante años en espera de que cayera el dinero de aquel maná privatizador, lo que está en la raíz del lamentable estado de conservación que hoy ofrecen. En 2011, el Gobierno de Rudi tuvo que reconocer que esa operación debía computar como déficit y tuvo que desmontarla pagando cuantías infames en indemnizar a las empresas ya contratadas. Por supuesto, nadie ha asumido responsabilidades por aquella desastrosa gestión.
TAMBIÉN ES un plan fracasado e inviable, además de opaco y de dudosa legalidad, el que viene llevando a cabo desde hace años para la privatización a gran escala de la depuración de aguas residuales. El resultado es que las depuradoras que construyen y gestionan empresas privadas, también en concesiones privadas por 20 años, ofrecen unos costes tan desorbitados que han provocado que paguemos por metro cúbico de agua depurada diez veces más que riojanos o navarros o que, tras más de 300 millones de euros invertidos, el plan de depuración esté colapsado, se hayan incumplido todas las previsiones y compromisos de depuración con la UE y su futuro dependa de que su financiación la paguen los zaragozanos.
Pero a pesar de las experiencias anteriores parece que no hemos escarmentado. Al analizar el informe de viabilidad del hospital de Alcañiz sorprende la generosidad con los futuros accionistas de un Gobierno que tanta austeridad nos impone a la mayoría. Hemos podido desentrañar que un hospital, cuyo coste de inversión total apenas supera los 95 millones de euros, acabará por ofrecer un coste final a la administración de casi 500 millones a través del canon anual a pagar durante 25 años a la empresa gestora por su explotación, eso sí asegurando a los accionistas, que no asumen ningún riesgo, un beneficio mínimo de un 12 %. Si, como ya pasó con el Plan Red de Carreteras, la UE obliga a que la inversión compute como déficit público, su impacto en el déficit anual (12,3 millones de euros) será casi el doble del que tendría la inversión si la hiciera el Gobierno.
Nadie demanda, ni la ciudadanía ni los expertos ni los trabajadores sanitarios, un cambio en el modelo de gestión de la sanidad aragonesa. Antes al contrario, las encuestas recientes indican que por abrumadora mayoría la sociedad considera que la gestión de la sanidad debe mantenerse en la esfera de la gestión pública directa. Pero además, como a grandes rasgos hemos tratado de explicar, la privatización es un disparate en términos económicos que acabará causando graves daños a la sociedad aragonesa. No la debemos permitir.
Secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Aragón
