Creo que la gran mayoría de los españoles pensamos que la situación social, económica y política actual es de tal gravedad, que para encontrar caminos para superarla va a ser necesario un gran acuerdo nacional. Así, por ejemplo, lo defiende el 91% de los ciudadanos entrevistados en la última encuesta del CIS de abril de 2020.
Para conseguir este objetivo ampliamente compartido, va a ser necesario poner en práctica un conjunto de estrategias extraordinarias, debido al gran número de escollos que se han de superar. Por eso, antes de abordar este difícil camino, es preciso tener muy claro cuáles deberían ser las condiciones que harán posible el acuerdo, así como los enemigos o riesgos que conlleva cada una de ellas. Para conducirnos en este complejo camino, vamos a seguir al gran teórico de la ciencia política, Robert Dahl, que hablaba de las siguientes dimensiones que hacen posible un acuerdo de gran calado político y social:
En primer lugar, deberíamos disponer de un marco institucional claro y compartido en que plantear los conflictos y el acuerdo, esto es, sobre las instancias procesales de conciliación y de búsqueda de soluciones consensuadas. En nuestro ordenamiento jurídico existe una regulación para aprobar leyes y otra serie de normas, pero no se especifica cómo abordar institucionalmente este tipo de pactos, por lo que debe acudirse a la tradición más reciente. Así, disponemos de dos modelos: el de los Pactos de la Moncloa, que fueron firmados por los diferentes partidos políticos (con el apoyo de los agentes sociales más representativos) en el palacio de la Moncloa y, posteriormente, se llevaron a las Cortes Generales para su toma en consideración. Por otra parte, se puede echar mano del modelo de los Pactos de Toledo, en los que la iniciativa es del Congreso (ya que, en realidad, se trata de una Comisión parlamentaria) y luego se invita al conjunto de agentes sociales.
Si revisamos en los medios la controversia entre el PP y el Gobierno sobre el modo de abordar el pacto, se puede observar que ha existido una pugna entre esos dos modelos (aunque con algunas variaciones), el primero defendido por el Gobierno y el segundo por el PP. En el fondo, el sistema es lo de menos, sino que lo realmente importante es que todos los actores lo asuman y lo respeten.
En segundo lugar, sería necesario disponer de una cultura política que rompiera con la línea puesta en práctica por los partidos en las últimas décadas. Y no me estoy refiriendo a los malos gestos y a las broncas parlamentarias, sino a un posicionamiento en el campo de lo político que se asemeja al de una batalla. El otro no es el adversario, sino el enemigo, por lo cual, hay que negarle el pan y la sal y nada de lo que pueda decir tiene ningún valor, puesto que está basado en principios y formas de entender lo político y lo económico totalmente contrapuestas.
Mientras no aceptemos que nos encontramos en una sociedad plural y diversa y que los únicos límites (en cuanto a declaraciones y propuestas) son los Derechos Humanos y la Constitución, es difícil poder avanzar. Las críticas de golpistas, franquistas, socialcomunistas, bolivarianos, etc., no hacen más que dificultar el camino hacia el acuerdo, puesto que parten de una falta de reconocimiento radical del adversario.
En tercer lugar, sería preciso revertir la curva del secesionismo, promoviendo una desescalada de las tensiones que vienen marcando la política española en el último lustro. Este, junto con el anterior, es uno de los grandes escollos hacia el acuerdo, puesto que además de partir de modelos de estado diferentes y, en cierta medida, incompatibles (lo que en sí mismo dinamita la posibilidad de la búsqueda de un acuerdo «nacional»), se construye sobre un pasado reciente de experiencias claramente negativas y frustrantes, lo que reduce la posibilidad de establecer puentes de confianza y de diálogo.
En este sentido, abordamos el cuarto aspecto, consistente en el refuerzo de la confianza entre las partes (centrales y periféricas), que, actualmente, está muy deteriorada. Para reconstruirla será necesario dar pequeños pasos iniciales que permitan generar satisfacción entre los actores con los resultados obtenidos. Igualmente, sería conveniente comenzar por empoderar al conjunto de actores, pues, paradójicamente, cuanto más cerca estén las partes en conflicto de la igualdad (en respecto, dignidad, capacidad de proponer y de ser escuchados, etc.), según entienden su situación, tanto mayor será la posibilidad de un arreglo consensuado.
Otra condición es la existencia de un cierto «desahogo» económico, que permita afrontar los retos económicos sin limitar el futuro desarrollo de nuestro país y los criterios de igualdad y de redistribución. Como podrá entenderse, ante la situación actual de nuestro país, este aspecto está condicionado al papel central de Europa, algo que se está negociando, precisamente, en las últimas semanas.
Y, finalmente, la probabilidad de un acuerdo depende extraordinariamente de las características personales de los líderes. En este sentido, todavía está por demostrar si los responsables políticos, sociales y económicos van a estar a la altura moral y de liderazgo que requiere la situación actual. Esperemos que ellos y sus equipos den los pasos necesarios en esta dirección.
*Sociólogo. Profesor de la Universidad de Zaragoza
