El 29 de junio del año 2000, 22 organizaciones sociales alcanzaron el primer Pacto por la educación en Aragón. El documento se firmó públicamente en la sede del Departamento de Educación y Ciencia, entonces en la avenida Gómez Laguna de Zaragoza, y estamparon su firma, además de la propia consejera, los representantes de los sindicatos de enseñanza (Fete-UGT, CCOO, CSI-SCIF, FSIE y USO), de las federaciones de madres y padres de alumnos (FAPAR, Concapa y FAPA Joaquín Costa), de las organizaciones patronales de la enseñanza privada (Educación y Gestión, CECE y FERE), de organizaciones de estudiantes (ADEA, PAE, ESA, CES, AEMI, AEA y CEA), de organizaciones empresariales (CREA, Cepyme y Cámara de Comercio) y de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias (FAMP).

Con ese pacto o acuerdo social en favor de la educación se intentaba avanzar hacia la configuración de «un modelo educativo capaz de contribuir al desarrollo y armonización de nuestra comunidad autónoma», dando así cauce a las resoluciones aprobadas por las Cortes de Aragón poco antes de producirse los traspasos de competencias.

En el pacto del año 2000, las organizaciones firmantes manifestaban su voluntad común de alcanzar dos fines fundamentales. Uno, proporcionar estabilidad al sistema educativo en nuestra comunidad autónoma, asegurando los pilares básicos sobre los que iba a sustentarse la política educativa en los años siguientes. Dos, desarrollar la igualdad de oportunidades, contribuyendo desde el sistema educativo a compensar las desigualdades sociales y territoriales existentes en Aragón.

El documento marcaba tres ejes (favorecer la calidad y la mejora de la enseñanza, dignificación de la FP y extensión de la educación a lo largo de toda la vida) en los que se articulaban 41 medidas, algunas tan concretas como los convenios con ayuntamientos para escuelas infantiles (0-3 años) y con centros privados para el primer ciclo de educación infantil (3-6 años), una ley de educación permanente, un plan director de informatización, un plan de inversiones, un plan para la convivencia, etc.

Para que no quedase en un texto de buenas intenciones, las organizaciones sociales plantearon desde el primer momento que su firma iría condicionada a la financiación. De ahí que finalizase con el compromiso del Gobierno de Aragón «a presentar en las Cortes en el próximo periodo de sesiones una Ley de Calidad e Igualdad en la Educación y de su Financiación que asegure los recursos para implementar esas medidas». El documento del pacto fue inmediatamente remitido a las Cortes como comunicación del Gobierno y en diciembre del 2001 se presentaba el anteproyecto de la ley prometida. Ahí se quedó. No obstante, el pacto firmado al poco de recibir los traspasos marcó la política educativa durante un par de legislaturas. Así lo reconocían, por ejemplo, los informes de seguimiento realizados por varias organizaciones que en su día lo firmaron.

En el curso 2006-07 se abrió un amplio debate, con más de 600 participaciones directas, sobre un documento que tenía intención de desembocar en una Ley de Educación de Aragón (LEA) similar a las que se habían aprobado en otros territorios. Era un documento interesante basado en tres principios fundamentales: equidad del sistema educativo, esfuerzo compartido y educación de calidad para todos. En diciembre del 2010, el Gobierno de Aragón aprobó el proyecto de ley y lo remitió a las Cortes. Ahí se quedó.

Espero y deseo que ahora no vuelva a pasar lo mismo. Esperemos que el pacto por la educación que durante el pasado año se elaboró desde el Consejo Escolar de Aragón sea debatido con generosidad en las Cortes aragonesas y que, una vez convertido en normativa autonómica, sirva de referencia a nuestra política educativa, gobierne quien gobierne, durante los próximos diez años.

*Inspector de educación y exsecretario general técnico del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón