Nadie se imagina en Alemania una Fundación Adolf Hitler ni en Italia una de Benito Mussolini. En España, sin embargo, existe la Fundación Francisco Franco, que se dedica a «exaltar» al dictador como «modelo de virtudes puestas al servicio de la patria», según recogen sus estatutos. La fundación asegura que desde el 2004, cuando el Gobierno de Aznar le dio 150.000 euros para digitalizar 30.000 documentos sobre Franco, no recibe ni un euro de dinero público. Pero las donaciones privadas que aportan particulares para su financiación desgravan a Hacienda como Cáritas, la Cruz Roja o la agencia de la ONU para los refugiados. Un escándalo cuando, aparte de alabar la dictadura, la fundación boicotea, por ejemplo, la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, como ha hecho paralizando el cambio de nombre de 52 calles madrileñas. Tras décadas de olvido, el PSOE ha presentado una moción en el Senado para excluir a la Francisco Franco de la lista de fundaciones, porque la ley exige que respondan al interés general, y no parece el caso de un organismo que ensalza al general que se sublevó contra la Segunda República y encabezó una sangrienta dictadura de casi 40 años. La actividad de la fundación goza además de beneficios fiscales. Aunque sea tarde -la Fundación Franco nunca debió ser autorizada-, es hora de terminar ya con ese anacronismo.
