Ayer se celebró la ceremonia de la apertura del año judicial como si sus instituciones funcionaran con toda normalidad, y no estuviéramos ante el grave incumplimiento de la renovación de los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial que llevan ilegítimamente ocupando su puesto un año y nueve meses.

El Partido Popular se ha vuelto un activista insumiso de la Constitución, ignorando los plazos establecidos por la Carta Magna para la renovación de este órgano que requiere las tres quintas partes del Parlamento. No debería ser opinable el bloqueo de las instituciones, y las instancias judiciales deberían establecer las responsabilidades pertinentes. Pedíamos intervenir ante las conculcaciones reiteradas del Parlament de Catalunya y se hizo. No debemos ser menos exigentes con el resto de las instituciones, tengan el ámbito que tengan. La defensa del Estado de Derecho, y el cumplimiento de la ley como su principal estandarte, nos atañe a todos, parlamentarios, magistrados y miembros de la Casa Real.

Las visitas reales de este verano para promocionar el turismo nacional con toda normalidad tomaban un tono berlangiano con el escándalo financiero en la anterior Jefatura del Estado cada vez más documentado. Pasear y saludar no son herramientas fundamentales para acometer una radical transformación en la rendición de cuentas y en la transparencia de la institución que encabeza el título preliminar de la Constitución.

La aparente normalidad también envuelve a una administración pública no solo atravesada por una pandemia sino por una prórroga presupuestaria desde hace dos años. Y siguen los discursos de incompatibilidades entre unos y otros, nos perdemos o nos hacen perder en puestas en escena de discrepancias entre los miembros del gobierno, en disquisiciones sobre la importancia de la ideología en su aprobación, cuando la capacidad de maniobra entre partidas está tan delimitada por el gasto necesario para afrontar la epidemia y por el cumplimiento de las condiciones de los 140.000 millones de fondos europeos que las derivadas son más bien restringidas.

Pero si algo hay en lo cotidiano indispensable de liberar es la vuelta a la escolarización de los niños, no podemos seguir siendo un país con las aulas cerradas. Toda la inversión necesaria para hacer frente a lo urgente, lo logístico y lo sanitario, y todo el endeudamiento necesario para acometer la reforma estructural que llevamos perdiendo desde hace doce años. Hay que poner en marcha un país, quitar el celofán que nos distrae para atacar lo sustancial.