A estas alturas cansa decir que el nivel del debate político en este país está por debajo de cero, enzarzados los dirigentes en cuestiones absurdas. Discutir, por ejemplo, si la libertad es compatible con el socialismo (tras décadas de gobiernos socialistas en libertad), mientras se reivindican como buenos los gobiernos de la dictadura franquista, por no hablar de las cominerías en las que se pierden los indepes catalanes, da a entender que no hay asuntos más urgentes para la ciudadanía sobre los que debatir… y decidir.
Pero estamos en un país que lleva un año sufriendo los efectos de la pandemia (acumulados a los de la crisis de 2008). Y no solo sus terribles efectos sobre la salud de los españoles, sino también sobre sus empresas y sobre sus trabajadores. La pobreza, el paro, la desigualdad y la ausencia de perspectivas para una parte sustancial de la juventud son problemas cuya envergadura requeriría de los líderes políticos debate y acuerdos amplios para darles solución. Lo malo es que, al parecer, ellos otorgan más importancia a sus jugarretas mutuas con los ojos puestos en las encuestas de un proceso electoral que no da tregua. O sea, que viven en otro planeta.
Y, lo que es peor, cuando se deciden a abordar un problema real lo convierten también en campo de batalla, en materia de enfrentamiento propagandístico incluso entre socios de gobierno. La acritud alcanzada entre PSOE y Unidas Podemos sobre cómo controlar los precios del alquiler de viviendas en España es desoladora. Debatir con tanta virulencia si es mejor poner tope a los precios o incentivar las rebajas no contribuye a resolver el problema.
Empecemos por donde hay que empezar. Por los datos.
En España hay más de 30.000 personas sin hogar, 12 millones (una de cada cuatro) en riesgo de exclusión social, más de un millón de desahucios en doce años. Y, a costa de todo esto, los especuladores -entidades financieras, fondos buitre y grandes inmobiliarias- obtienen astronómicas ganancias.
El Instituto Nacional de Estadística dice que hay tres millones y medio de viviendas vacías, la mayoría en manos de grandes tenedores. Y el parque de viviendas públicas y sociales solo representa un 2,5% del total. En Francia es el 17%, en Reino Unido, el 18%, en Austria, el 24% y en Holanda, el 30%. En 1917 se entregaron las llaves de menos de 5.000 pisos sociales en España, el volumen de pisos construidos más bajo desde 1950. Y bajando.
Para mí no existen dudas de que la solución al problema está ahí, en la creación de vivienda social pública, pero invirtiendo la tendencia a favor del alquiler. Francia, donde todos los ayuntamientos tienen vivienda pública de alquiler, podría ser un modelo. Por lo general, lo hacen sacando a concurso la construcción y controlando los precios. Así, el constructor disfruta de la explotación de esas viviendas durante el número de años suficiente para que su inversión sea más rentable que el interés que pudiera recibir de los bancos. Hay otras fórmulas, pero no es este el lugar donde exponerlas todas.
Esta es una tarea en la que deben implicarse todas las administraciones, municipios, autonomías y Administración central como, por otra parte, se hizo (o hicimos) no hace tantos años. Pero esta solución no surtirá efecto de la noche a la mañana. Los más ambiciosos así lo reconocen cuando reclaman ampliar el parque público de alquiler al 20%... en veinte años.
Este país, está claro, no puede esperar veinte años y, en consecuencia, hay que hacer compatible esa solución de fondo con medidas urgentes para paliar la situación de millones de personas. Para garantizar un derecho tan constitucional como repetidamente denegado a tantos, a beneficio de una pequeña minoría de accionistas millonarios.
¿Es una de ellas fijar un tope a los precios del alquiler para sacar del mercado puro y duro una cantidad suficiente de viviendas? Pues aunque escandalicen las bancadas de la derecha porque eso supondría atentar contra la sacrosanta libertad de mercado, puede serlo. Se aplica ya en países como Alemania sin que a nadie se le haya ocurrido llamar «chavista» a Angela Merkel.
Más razonable me parece la objeción de que aquí no somos alemanes y enseguida encontrarían la trampa en forma de dinero negro. Pero la misma objeción se aplica a la propuesta del PSOE para incentivar las rebajas en el alquiler con desgravaciones fiscales. En todo caso, no me parece disparatado exigir legalmente a los grandes tenedores la obligación de asumir un porcentaje de alquiler social estable y, en especial, a las entidades financieras una compensación por el dinero público que se empleó en su rescate hace pocos años. ¿No es posible instrumentar ambas medidas y alguna más?
Se trata, en mi opinión, de medidas urgentes porque la situación actual no puede sostenerse mucho más. Parches, en definitiva. La normalización del mercado de alquiler se conseguirá más eficazmente poniendo en él suficiente vivienda pública que con esa clase de acciones. Pero los socios de gobierno se tiran los platos a la cabeza en defensa del parche que defiende cada uno sin que, hasta la fecha, hayamos oído a ninguno hablar de eso y, mucho menos, de fijar unos objetivos presupuestarios para ello.
Una vez más le asalta a uno la sensación de que nadie quiere realmente arreglar definitivamente una situación injusta (y claramente anticonstitucional), sino marcar diferencias mirando al electorado. Acusando uno al otro de someterse a los poderes económicos y, por lo tanto, de no ser suficientemente de izquierdas, y el otro al uno de radicalismo izquierdista. Obviando, unos y otros, el hecho fundamental: que lo que ambos proponen son parches.
Pero también es un parche tomar un antipirético cuando te sube la fiebre por una infección y, si no te pones ese parche, puedes haber muerto antes de que los antibióticos te curen definitivamente.
