Los ciudadanos de a pie estamos asistiendo al espectáculo lamentable que los partidos están dando para conseguir asegurarse cuatro años de poder sin tener en cuenta lo que los ciudadanos han dicho en la urnas.

Parece que siguen sin entender que el pueblo español es más plural que nunca, que los ciudadanos conviven en sus pueblos y ciudades, comunidades, sus empresas, sus diferentes clubes donde desarrollan sus actividades lúdicas y así un largo etcétera al margen de su ideología. Parece que los partidos se empeñan en crear una división que no existe en la sociedad generando unos vetos entre ellos que no tienen razón de ser.

¿Qué les impide llegar a acuerdos de forma transversal para recoger las inquietudes de las mayorías que han salido de las urnas? ¿Seguimos empeñados en que la única forma de gobierno es la que puedo desarrollar con los míos? Mal síntoma si el objeto es contentar únicamente a aquellos que profesan su misma ideología. ¿Qué va a ser del resto? ¿Queremos hacer como el independentismo catalán que se arroga la representación de los ciudadanos de Cataluña y pasan olímpicamente de aquellos que no piensan lo mismo? ¿No le ocurre lo mismo a Ciudadanos que nació para defender en Cataluña a aquellos que el independentismo rechazaba y ahora es Rivera quien establece un cordón sanitario nada menos que con el partido que ha obtenido el mayor número de votos en las pasadas elecciones? ¿Por qué desprecia a tantos españoles?

Los partidos políticos deben de darse cuenta que la gestión del poder no lo es a título personal, sino que es una gestión delegada por el voto de los ciudadanos y que por ello no se deben quedar en una visión partidista sino en una visión de Estado una vez certificado el resultado salido de la urnas.

Las posiciones de los ciudadanos se han clarificado tanto que han confundido a los partidos acostumbrados a cómodas mayorías que con cuatro apoyos les permitían gobernar.

Solo existe un caso que exige una acción decidida de los partidos, la aparición de Vov en la escena política española, un partido de extrema derecha que ha tomado fuerza a costa de un PP que le había dado cobijo y de donde proceden la mayoría de sus votantes. Llama poderosamente la atención que las miradas que los partidos realizan a la UE en todos los aspectos que condicionan nuestras vidas, en este caso no les sirvan a algunos como punto de referencia. La realidad es que existe una preocupación internacional por el renacimiento de partidos de extrema derecha. Se ve un problema de tal magnitud que en muchos países se llegan a acuerdos, de los llamados contra natura, para evitar su llegada al poder. Véase el apoyo de la izquierda francesa dio a Jacques Chirac en 2002 para evitar que Jean Marie Le Pen alcanzara la presidencia en Francia. Pasó del 19,88% de los votos en al primera vuelta al 82,21% en la segunda con el apoyo de todo el espectro político. Eso sí, los franceses votaron con las narices tapadas por los escándalos de corrupción que acechaban a Chirac. Pues aún así Francia paró a la extrema derecha.

Alemania también ha conocido acuerdos recientemente, en 2017 Merkel pactó con la CSU (Union social-cristiana de Baviera) y con el SPD, los socialdemócratas alemanes, porque la extrema derecha alemana se había convertido en la tercera fuerza política.

Y en este mismo año, después de arduas negociaciones, el socialdemócrata sueco Stefan Löfren en Suecia ha conformado un gobierno con el apoyo externo de partidos de centro y liberales aislando a la extrema derecha que es la tercera fuerza política.

¿Por qué en nuestro país no pasa lo mismo? ¿Es más importante mantenerse en el poder con apoyos de grupos que persiguen la desaparición de derechos consignados en nuestra Constitución que llegar a acuerdos con partidos de ideología diferente y con los que a buen seguro hay más coincidencias que desacuerdos?

Quizás convenga revisar si algunos partidos encajan en el artículo 6 del Título Preliminar de nuestra Constitución que refiere que en «Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley».

El voto de los ciudadanos no es un contrato de adhesión a un documento en blanco que los partidos pueden manejar a su antojo. Es la concesión de un poder delegado que los partidos deben desarrollar en beneficio de los ciudadanos, aprobando leyes justas que permitan el desarrollo de una sociedad equilibrada en la que cada día las diferencias sociales sean menores y que todos los ciudadanos puedan acceder en igualdad de condiciones a todos los servicios y derechos dimanantes de las leyes que nacen de nuestra Constitución.Desgraciadamente asistimos a un espectáculo que parece el reparto de una tarta de la que sacar pingües beneficios. Y eso los ciudadanos no lo debemos permitir.

*Periodista