Estamos asistiendo a una auténtica pelea entre los poderes del Estado en relación al anteproyecto de ley de prevención de la violencia contra la mujer. La mayoría del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha convertido en el último reducto de las esencias patrias aznarianas. El Gobierno del PSOE, tras la decisión histórica de retirar las tropas españolas de Irak, trae como segunda gran reforma la ley integral contra la violencia doméstica.

Y es aquí donde parece que el PP y algunos jueces demasiado partidistas quieren presentar batalla para erosionar al Gobierno entrante. Se mantiene el viejo talante de que ni en las cuestiones de Estado ni en las de seguridad pública, como ésta, se puede consensuar una política imprescindible para reducir los asesinatos de mujeres y la violencia institucionalizada. No se trata de ver si el texto es técnicamente más o menos bueno, sino de cooperar todos, y sobre todo instituciones como el CGPJ, en mejorar un proyecto que demanda masivamente la sociedad tanto de izquierdas como de derechas.

España lleva un gran retraso en la implantación de los principios y de las leyes de discriminación positiva a diferencia de Estados Unidos, donde están funcionando desde hace 50 años y que han sido claves para conseguir una mayor igualdad y protección de derechos entre ciudadanos blancos y negros y entre hombres y mujeres.

Aunque los conservadores han intentado desmantelar este sistema, recientemente una sentencia de la Corte Suprema norteamericana, con el voto de una jueza conservadora, Sandra O´Connor, ha consolidado los valores constitucionales y las ventajas del mantenimiento de las políticas de discriminación positiva.

Algunos consejeros del Poder Judicial español imbuidos de la tradición dogmática y de la verdad predeterminada por los expertos, coherentemente con sus rituales canónicos, pretenden que el Gobierno elabore un anteproyecto perfecto y se olvida de que, como los avances científicos, los avances legales sólo son posibles a través del ensayo y el error y la corrección de éstos a través de probar nuevas políticas que reduzcan la violencia de nuestro entorno familiar.

Ensayar una nueva fórmula como la de que los policías ya no sean meros agentes con garrote, sino una policía de prevención de peligros y evaluación de riesgos para la protección de derechos, simplemente nos acerca a modelos más democráticos como el de la policía alemana.

Allí la cláusula del gefahrenabwehr (prevención de peligros) está consagrada como un instrumento imprescindible para salvar vidas. Efectivamente, la policía puede intervenir en casos específicos como éstos sin precisar la autorización inmediata del juez, siendo luego fiscalizada por éste.

Lo que no podemos pretender es que el único experto sea el juez. La policía, con una formación de prevención, seguridad integral y criminología casi universitaria en muchos países es el profesional más indicado para actuar, aunque no de por libre pero sí con inmediatez y a través de las instituciones locales de proximidad (servicios sociales, etcétera). La experiencia de las casas de justicia francesas, así como las task force norteamericanas, donde trabajan conjuntamente los profesionales de distintas administraciones con el fiscal y el juez, son las vías más necesarias e inmediatas que hay que experimentar.

En definitiva, el proyecto socialista no sólo trae un nuevo concepto de seguridad que pasa del orden público a la prevención de riesgos, sino que también está transformando la visión del policía como un profesional muy cualificado equiparable a otras profesiones universitarias y no como el simple policía ejecutor autómata propio del viejo modelo militarizado que hemos superado ya.

Como decía un profesor de derecho administrativo norteamericano: "La policía es la Administración pública que dispone de más facultades discrecionales y con la peculiaridad de que estas facultades residen en el nivel inferior de esa Administración, el policía de base".

En definitiva, el agente de policía de la calle es el primero que hace justicia... o injusticia.

*Catedrático de Derecho Administrativo