Lo nunca visto. Jueces denunciando al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la falta de medios para investigar asuntos de todo tipo. No hace falta que les diga que sus lamentos van también por las barreras que se encuentran a la hora de investigar los tejemanejes fiscales de determinadas personas. Esa imagen, la de los miembros de la asociación Jueces Para la Democracia subiendo las escalerillas de la Audiencia Nacional denuncia en mano, puede marcar un antes y un después. Si se les dan los medios que piden, los casos podrían aflorar y solucionarse con mucha más rapidez y, por tanto, evitar la deplorable expresión de que "el delito ha prescrito". Sorprende escuchar a esos jueces decir, día sí, día también, que "es especialmente grave la situación de la Justicia en España". Son palabras de Joaquim Bosch, el portavoz de esa asociación de magistrados, y el hombre que ha iniciado la cruzada judicial contra el ministerio. Bosch insiste: "No es admisible. Los jueces no pueden asumir la barbaridad de trabajo que tienen". Basta con ojear las cifras. En España tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 21. La mitad de jueces, pero con una ebullición de asuntos de corrupción sin precedentes en los últimos años.

No hay juez para tanto corrupto, señoras y señores. Lo dice también todo un magistrado de la Audiencia Nacional. El azote de la Operación Púnica. El hombre que ha metido en la cárcel a Granados, Marjaliza y compañía. Ese instructor, Eloy Velasco, también ha hecho en estas últimas horas un llamamiento inédito: "Necesito interventores, necesito economistas, necesito fiscalistas". Grito de desesperación ante el volumen de casos que se le acumulan encima de la mesa. Según cálculos del CGPJ, órgano demandado por esa asociación de juristas, cada juez lleva al año de media unos 1.700 casos. Aragón sería una de las comunidades que sigue por debajo de la media, con 1.427 asuntos por juez. El grito de "estamos desbordados" también sale de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Su secretario general, Alberto Moya, ha puesto el grito en el cielo. "Los compañeros de la UCO están desbordados". Es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la encargada de perseguir la corrupción.

El problema es más gordo de lo que imaginamos. Si ellos no tienen medios, el corrupto huye por la escalera de emergencia. Un coladero difícil de taponar. Algo se está haciendo mal para que jueces, fiscales y guardias civiles alerten de esa manera. Sobrecoge planear el mapa de la corrupción. Casi 1.900 causas abiertas, pero apenas unas decenas de imputados entre rejas. Es inadmisible que casos como el de la Gürtel lleven cinco años de investigación. Ojalá el grito de sus señorías al ministro de Justicia sirva para algo. Periodista