No hace demasiados años, era fácil encontrar en los comercios este anuncio: «descuento por pronto pago». Obviamente, quienes se beneficiaban de esos descuentos eran las personas de alto nivel económico, ya que el resto de mortales no tenía otro remedio que comprar los productos a plazos. Ahora los concesionarios de automóviles cobran más si se paga al contado cuando una persona trata de comprar un coche nuevo.
Supongo que todo el mundo habrá visto que los concesionarios de la práctica totalidad de las marcas de coches ofrecen importantes descuentos sobre el precio oficial de venta al público en determinadas épocas del año. Si alguien, guiado por esos descuentos promocionales, se acerca al concesionario de la marca que más le gusta y, después de mirar y remirar el modelo que más se ajusta a su presupuesto, se sienta en la mesa del vendedor para que le explique el precio final, comprueba rápidamente que ese descuento promocional solo lo aplican si el comprador accede a adquirir un crédito con la financiera de dicha marca. En cambio, si el comprador hace saber al vendedor que lo quiere pagar al contado, le suben al precio final el importe de los intereses que dejaría de pagar a la financiera que le impone el referido concesionario.
En principio, ese préstamo con la financiera que impone cada marca puede parecer que beneficia a los compradores con rentas más bajas, pero en el fondo no es así. Y no es así porque los intereses que imponen son mucho más elevados que los de cualquier banco tradicional. A primera vista, la estrategia para librarse de esos intereses de auténtica usura es sumamente fácil: solicitar el préstamo en el banco donde cada cual tenga domiciliada su nómina. El problema radica en que al interés que ese hipotético comprador tendrá que abonar a su banco tiene que añadir la espectacular subida del precio final del coche, ya que en ese caso el concesionario deja de aplicarle el descuento que le ofrecía por quedar atado durante bastantes años a su financiera. Si hacen ustedes la sencilla operación matemática de sumar el interés que tendrán que abonar al banco (por supuesto, muy inferior al de la financiera automovilística) durante los años de duración del préstamo al aumento del precio que ahora les impone el vendedor, comprobarán que les sale más cuenta firmar el préstamo con la financiera que le impone el concesionario de la marca por la que usted esté interesado.
Supongo que esa estrategia engañosa de propaganda comercial será legal, ya que de no serlo alguna de las asociaciones de consumidores habría denunciado a todos y cada uno de los concesionarios automovilísticos de nuestro país. También supongo que serán legales esas financieras que han creado todas las marcas automovilísticas, aunque la percepción que yo tengo es que son bancos encubiertos. Asimismo, doy por sentado que el hecho de que todas las grandes marcas de coches coincidan en esa confusa estrategia de marketing e incluso en los elevados intereses que aplican a los préstamos, no irán contra las leyes internacionales de la libre competencia comercial. Ahora bien, aunque todo ese complicado batiburrillo comercial sea legal, yo entiendo que cuando menos es poco ético socialmente hablando.
Es cierto que siempre queda la opción de comprarse un coche usado en alguna de las múltiples empresas dedicadas a este tipo de mercado. Que yo sepa, en estas empresas no aumentan el precio final si se paga al contado. Sin embargo, lo que ocurre en la práctica es que los clientes más habituales de este tipo de empresas suelen ser personas con bajos salarios (por supuesto, no siempre es así), lo cual les impide comprarse el coche al contado. Para solucionar esa falta de liquidez de la mayoría de los clientes, dichas empresas suelen ofrecer un préstamo con unos intereses bastante más elevados que los de los concesionarios oficiales y las entidades bancarias clásicas. Como en el caso anterior, supongo que los desmedidos intereses que obligan a pagar en estos préstamos serán legales. Si no fuera así, me imagino que esos bufetes de abogados que se dedican a poner pleitos contra las marrullerías de los bancos, cobrando al usuario un tanto por ciento del dinero que se obtenga como consecuencia del pleito y ni un solo céntimo si se pierde el juicio, pondrían anuncios en los medios de comunicación diciendo que, además de ser azotes de los bancos, también lo son de los concesionarios automovilísticos y de las empresas de coches de segunda mano.
Por supuesto, hay otra manera bien fácil para evitar quedar atrapados en esa madeja urdida por las grandes marcas de automóviles y por las empresas de venta de vehículos de ocasión: quedarse con el coche que cada cual posee hasta que se caiga a pedazos. Esto es lo que hace un elevado número de personas en nuestro país, aun a riesgo de que le insulten los nuevos torquemadas por cargarse el medio ambiente y, por supuesto, arriesgándose a dejarse la vida en cualquier curva de nuestra red de carreteras. Todos los expertos coinciden en que la mayor tasa de accidentalidad de estos vehículos no solo se debe a que los coches antiguos no disponen de los modernos sistemas de seguridad de los nuevos, sino también a que muchos de esos automóviles están realmente machacados.
Como habrán observado los lectores y las lectoras, me he olvidado de los modernos coches híbridos y de los eléctricos. El motivo se debe a que este artículo está dirigido a las personas que no tienen otro remedio que vivir al día como consecuencia de la baja cuantía de sus salarios o de la temporalidad de sus empleos. El día en que el Gobierno ofrezca incentivos económicos suficientes a ese tipo de personas para poderse plantear la compra de un coche de estas características, será el momento de abordar el tema.
*Catedrático jubilado. Universidad Zaragoza
