Ya es oficial: en el 2021, después de ocho años creciendo por encima de la UE, la tasa de paro en España estará en el 11% duplicando, casi, la tasa media comunitaria. Lo llamativo de estas previsiones, incluidas por el Gobierno en su actualización del Programa de Estabilidad 2018-2021 enviado a Bruselas, es que han sido recibidas con optimismo desde los medios progubernamentales cuando, en realidad, muestran todas las debilidades de nuestra economía.

Empezando porque vivimos una recuperación cargada de fragilidades, enganchada a una política monetaria expansiva que en algún momento cambiará provocando un vuelco en la situación de un país tan endeudado como el nuestro y dependiendo de un bajo precio del petróleo.

Según se reconoce en el propio Programa, basta que el barril de petróleo se sitúe en 75 dólares para que nuestro PIB sufra un retroceso de 0,8 puntos de PIB y perdamos 150.000 ocupados, a la vez que nuestro brillante superávit por cuenta corriente se transmutará en el déficit tradicional.

El problema es que ya se sitúa hoy en 73 dólares y subiendo. Que necesitemos 15 años para recuperar los ocupados que teníamos antes de la crisis cuando el resto de países europeos lo han hecho mucho antes, denota que algo no funciona bien en nuestro modelo productivo: no somos capaces de crear todo el empleo que necesitamos y al ritmo que lo necesitamos.

Hasta ahora, hemos tratado de abordar este problema con sucesivas reformas legales en el mercado laboral, como si el problema fuera de oferta de trabajo. Creo llegada la hora de plantearnos que no es normal duplicar la tasa de paro media del resto de países europeos y que tenemos un problema de demanda de trabajo. Es decir, tenemos una economía terciarizada, con pocas empresas (necesitamos ensanchar nuestra oferta productiva con más competencia y menos trabas), las que tenemos son demasiado pequeñas para contratar a todos los activos y demasiadas de las empresas que contratan solo son capaces de hacerlo y de ser rentables si se les ofrece un trabajo precario porque su modelo competitivo se fundamenta en ser baratos (precio), más que en hacerlo mejor que otros (valor añadido).

A esto último responde nuestra política de «devaluación interna» con que hemos hecho frente a la pasada crisis y que tanto nos cuesta abandonar ahora en la recuperación, aunque esté generando desigualdad y pobreza como nunca antes. No es normal y no deberíamos aceptar que nuestro sistema productivo, con escasas aunque crecientes excepciones, solo pueda retribuir a la inversión realizada si mantiene un mercado laboral precario en sus dos aspectos fundamentales: condiciones de trabajo y salarios.

Si a una recuperación frágil, le unimos una recuperación no inclusiva y que fractura a nuestra sociedad, especialmente a los jóvenes, no encuentro razones para sentirnos orgullosos y sí muy preocupados. La elevada tasa de paro, de temporalidad, de tiempo parcial involuntario, de explotación en forma de hacer trabajar más horas de las retribuidas, o de trabajadores pobres, a la vez que unos salarios estancados en términos reales, no son fenómenos de la naturaleza contra los que no se pueda más que resignarse, ni podemos culpar eternamente a la pasada crisis.

La mayoría de los países europeos lo hacen mucho mejor que nosotros en todos esos aspectos, sin perder competitividad. Pero aproximarse a los mejores exige hacer algo y distinto de la autocomplacencia oficial en que nos quieren instalar.

Mientras nuestro Gobierno considera un éxito llegar al 2021 con el 11% de paro, el resto de gobiernos del mundo está poniendo en marcha planes de adaptación a los impactos que sobre el mercado laboral está teniendo la digitalización y va a tener la inminente explosión tecnológica vinculada a la inteligencia artificial.

Sin ir más lejos, el FMI acaba de publicar un informe sobre Tecnología y el futuro del trabajo donde advierte de los serios problemas de transición que va a generar en el mercado laboral (puestos de trabajo y formación adecuada) los avances tecnológicos y llama a los gobiernos a preparar políticas que atenúen el impacto cierto que va a producirse.

Nada de esto encontrarán en el Programa de Estabilidad, ni en el Presupuesto. Y esta incapacidad para anticiparse a lo que sabemos que va a ocurrir, unida a la resignación con que se acepta una situación laboral inaceptable, son dos de los muchos asuntos sobre los que creo necesario echar una pensada colectiva. Al menos, entre quienes pensamos que la cohesión social es un activo a proteger.

*Exministro del PSOE