Solo han transcurrido 40 días del nuevo año y ya han sido asesinadas en España ocho mujeres víctimas de agresiones de carácter machista. De nuevo avanzamos a un ritmo insoportable en una negra estadística que en el 2016 registró 44 muertes violentas. Las escalofriantes cifras, tras las que se hallan dramas concretos con nombres y apellidos, confirman las deficiencias de la ley integral contra la violencia de género, aprobada en el 2004, sobre todo a la hora de detectar y prevenir situaciones de riesgo que derivan muchas veces en tragedia. Reclama ahora el ministro del Interior un pacto de Estado contra esta terrible lacra. Pero mientras la maquinaria legal avanza se requieren actuaciones inmediatas que revisen los protocolos existentes. Es cierto que a muchas de las víctimas de la violencia machista les cuesta denunciar su situación, pero también resulta inaceptable que en el 36% de los casos de asesinatos del año pasado había una denuncia por enmedio y aun así ni la justicia ni los cuerpos de seguridad pudieron salvar a la mujer amenazada. La inversión en la lucha contra este tipo de terrorismo tampoco está a la altura de la prioridad que la magnitud de la tragedia requiere. La propuesta de pacto general de todos los grupos políticos debe transitar por la vía más rápida posible hasta su aprobación y aplicación con el presupuesto necesario. No hay tiempo que perder.

Llevamos décadas anunciando un negro futuro para el sistema público de pensiones en España. La crisis, con menos población activa y con salarios más bajos, ha acelerado los desequilibrios demográficos. La hucha creada con el Pacto de Toledo está a punto de agotarse. Y hasta el momento, las únicas medidas que se han tomado han sido la desindexación de la revalorización de las prestaciones limitándola a un máximo del 0,25 % anual y un ligero aumento en el techo de cotizaciones. El cóctel es explosivo: llegan a la jubilación quienes han cotizado más con los salarios de los años de bonanza económica en el momento en que la Seguridad Social recauda menos. Es, pues, el momento de acabar con la ambigüedad del sistema: las pensiones en España son de reparto y no de provisión. Y reconocer esta realidad exige medidas drásticas y urgentes que no pueden pasar únicamente por recortar derechos a los pensionistas: las prestaciones no contributivas deberían ir a cargo de los impuestos, los salarios altos deberían aumentar su contribución y el poder adquisitivo debería quedar garantizado por los presupuestos generales .

No da la impresión de que el Gobierno ni los grupos parlamentarios entiendan la gravedad y urgencia de este problema El tono bajo de las comparecencias en la comisión del Pacto de Toledo solo se ha visto corregido por la sinceridad de los datos presentados por el presidente de la Airef.