Igual que en el año 2012 con el escándalo del viaje del rey Juan Carlos a Botsuana en medio de lo más crudo de la crisis económica, que le llevó a pedir disculpas públicas, las informaciones sobre el viaje de novios de los actuales Reyes no podían llegar en peor momento. Con la incertidumbre sanitaria y económica que tiene a todo el país entregado al desánimo, el costo de la luna de miel con su financiación, en parte, por un empresario amigo de la familia empujan de nuevo al rey Felipe a una situación delicada heredada del anterior jefe del Estado. Las herencias no son siempre benefactoras, y ni la renuncia en diferido de la suya, la retirada de la asignación anual a su antecesor, ni su apartamiento de la vida pública son suficientes esta vez para devolver la estabilidad y el carácter moderador de la jefatura del Estado, justo cuando más se necesita.

El esfuerzo por diferenciarse de los últimos años de reinado de su padre, envuelto en una trama de presuntas comisiones por un contrato en Arabia Saudí, y pendiente de la investigación de la Fiscalía del Supremo sobre la acusación de blanqueo y delito fiscal, está quedando como una medida insuficiente ante el tamaño del escándalo. Hemos pasado de las informaciones sobre la Casa Real centradas en asuntos políticos y de mediación en los primeros años de reinado a formar parte casi exclusiva de la prensa rosa, y terminar en las secciones de tribunales con el iniciático Iñaki Urdangarin.

Los riesgos del actual reinado son múltiples y hacen imprescindible un abordaje de la situación diferente al de los últimos años. Se hace necesaria una política comunicativa más explícita desde la institución. Conocer la interpretación del Rey, como ha sucedido tantas veces con sus homólogos europeos, serviría para reconocer más a la persona que detenta el cargo y su determinación. Reforzar su papel regulador y de moderación en medio de la crisis política que sobrellevamos desde 2015 es indispensable si quiere ser percibida por los ciudadanos como una institución útil.

Sin ese sentido de la necesaria utilidad no hay reportajes familiares, ni visitas a mercados a las cinco de la mañana que sirvan para defender la tarea constitucional que le encomendamos. Hay un último, externo, y no es otro que la apropiación de la extrema derecha de la figura del Rey del mismo modo que lo hace con otros símbolos, desestabilizando así la obligada neutralidad política sobre la que descansa la función arbitral y moderadora. Recobrar ese desempeño y la asunción pública de los errores cometidos devienen imprescindibles.