La exigencia de dinero negro en operaciones de compraventa de viviendas protegidas usadas sitúa el problema de la especulación del suelo en su nivel más bajo, pero no por ello más dañino. Puesto que en los últimos diez años descendió de forma alarmante la construcción de VPO y proliferó de forma insensata la promoción de vivienda libre, y puesto que un piso adscrito a la primera categoría cuesta en origen menos de la mitad que uno de la segunda (a menudo con ubicación y calidades muy similares), ¿cómo puede extrañarnos la existencia de algunos avispados propietarios que, habiendo accedido en su día a una VPO, quieran ahora venderla cobrando un sobreprecio ilegal?

Pero existen unas normas que prohiben este tipo de prácticas y es la hora de que las instituciones las hagan respetar. En el mercado del suelo y la vivienda rige hoy un verdadero caos en el que todo es válido si de ganar dinero se trata. La VPO, teóricamente sujeta a unas salvaguardas que permitan mantener su precio bajo control, no puede quedar abierta también a la antisocial ley de la especulación, aunque ésta sea una especulación de pequeño calibre.

Cuando hablamos de vivienda estamos hablando de un derecho constitucional. A ver si se nota.