En los dos años que lleva funcionando, la Comisión de la Propiedad Intelectual ha recibido 145 denuncias sobre situaciones de piratería electrónica. 64 de ellas están pendientes, mientras que el resto se han tramitado y de esas gestiones se ha derivado la retirada de 50 álbumes de música, 67 películas, 14 libros, 21 videojuegos y cuatro capítulos de series televisivas. Ese es el pobre balance de 24 meses de lucha contra la piratería en un país donde en un solo año se registraron 3.192 millones de descargas ilegales por un valor superior a 16.000 millones de euros. Es evidente que los mecanismos de contención no funcionan. Los datos ofrecidos por el observatorio de hábitos de consumo digital son de una enorme trascendencia, porque ponen de relieve que solo el 16% del negocio es legal. El resto es apropiación del trabajo creativo de terceros y fraude fiscal, en un escenario de falta de conciencia popular sobre el fenómeno. El debate de la reforma de la ley de propiedad intelectual en el Congreso es una buena oportunidad para hacer más eficaz la comisión, que depende del Ministerio de Cultura.
