En las últimas semanas se han conocido indicadores que demuestran que las cuentas públicas de Aragón hacen aguas, por encima de la realidad financiera de otras comunidades. Incremento constante e implacable de la deuda desde el 2011, incumplimiento de los objetivos de déficit exigidos por el Ministerio de Hacienda, bajada de ingresos reales frente a los presupuestados por el entorno de crisis, aumento de la denominada recaudación incierta... La gravedad de los indicadores ha llevado a la presidenta de Aragón a comparecer a petición propia el jueves en las Cortes para justificar la situación y a mostrar su innegable preocupación por un escenario que aboca a nuevos y severos recortes. En un año, Aragón ha pasado de diseñar un Plan Impulso para reactivar la economía a verse obligada a elaborar un Plan de Ajuste para cumplir con los requisitos de la consolidación fiscal.

El asunto más preocupante de los enumerados es sin duda el incumplimiento del déficit autorizado por el Ministerio de Hacienda para Aragón durante el ejercicio 2013 en la increíble cantidad de 254 millones sobre un presupuesto de 5.100. Ante este escenario, la presidenta Luisa Fernanda Rudi tenía dos opciones: asumir que con el marco de financiación actual el tope del 1,3% fijado por Madrid es de imposible observancia, o discrepar de los criterios de Cristóbal Montoro y enmendar la plana al ministro reconociendo solo parte del desfase. Al optar por la segunda posibilidad, arguyendo que el déficit es de solo 81 millones, la presidenta se ha hecho un flaco favor. Le hubiera resultado más efectivo denunciar que con el sistema de financiación actual no se pueden mantener los servicios esenciales y la estructura administrativa de la comunidad autónoma en lugar de enfrascarse en un litigio con el Gobierno central por la forma de contabilizar ingresos y gastos. Igual que hizo en verano pasado defendiendo un déficit asimétrico por comunidades y obteniendo un diferencial favorable de tres décimas para Aragón respecto de la media autonómica.

Lejos de un debate contable sobre las causas del incumplimiento, su mera existencia pone de manifiesto que Aragón no está bien financiada y sí peor tratada que otras regiones, pese a su lealtad institucional y pese a sus esfuerzos para esquivar ayudas aparentemente vergonzantes como el Fondo de Liquidez Autonómica o el Plan de Pago a Proveedores. También revela que el Gobierno aragonés no ha recortado bien, metiendo la tijera donde debía para conseguir ahorros reales y no solo virtuales. Las magnitudes de la crisis requerían de decisiones más estructurales y valientes que las medidas simplistas de control del gasto corriente o de aparente eliminación de cargos, adoptadas por Rudi del 2011 a esta parte. ¿Dónde queda la reforma administrativa para evitar duplicidades? ¿Dónde la racionalización del sector público? ¿Dónde están los beneficios de las centrales de compras?...

La clave radica ahora en el plan de ajuste que deberá realizar forzosamente Aragón para equilibrar no solo el desfase acumulado en el 2013, sino el que se producirá en el presente ejercicio, con el umbral del déficit situado en el 1%. Ya no sirve con un plan lineal de reducción de costes por departamentos o con la limitación de subvenciones y convenios. Para conseguir el equilibrio demandado por Hacienda a la DGA no le va a quedar más remedio que adoptar alguna medida traumática, cuestión dificilísima en un año preelectoral. En los pasillos del Pignatelli, funcionarios de cierto nivel especulan con la posibilidad de que se suprima una paga extra a todo el personal público; otros creen que Rudi podría incluso reestructurar su gobierno suprimiendo de un plumazo uno o más departamentos, fusionando competencias y eliminando estructura... Medidas, todas ellas, encaminadas al ahorro puesto que por ahora al Gobierno regional no se le pasan por la cabeza incrementar los ingresos haciendo uso de las herramientas fiscales que tiene a su alcance. Rudi no es de subir impuestos, y no cambiará a estas alturas pese a su rifirrafe con Montoro.

La presidenta fió gran parte de su crédito político de la legislatura a la consolidación presupuestaria de Aragón, y su margen para llegar a puerto con los deberes hechos es muy estrecho. La situación económica del 2013 fue más negativa de lo esperado, pero nunca tanto como para justificar la crisis actual. En este mismo espacio, escribí a finales del 2012 que los presupuestos del año pasado eran malos, porque asestaban un duro golpe a las políticas sociales, desincentivaban la economía productiva ignorando políticas de estímulo, recortaban las inversiones en infraestructuras, con una obsolescencia que disminuiría la productividad y la competitividad, y desatendían el medio rural porque el incremento en la partida de comarcas era directamente proporcional al abandono que sufrirán los ayuntamientos. Con su ejecución ya realizada, me quedé corto. Además de insuficientes, eran unas cuentas voluntaristas e imposibles, como se ha demostrado esta semana.