Con la capacidad financiera de las familias en precario y millones de personas en el desempleo, la apuesta de un plan de fomento de viviendas de alquiler y su rehabilitación que impulsa el Gobierno de Aragón y el central tiene todo el sentido. Tanto por favorecer una fórmula de acceso a la vivienda al margen de compromisos hipotecarios como por la creación de empleo que supone la rehabilitación, en un sector diezmado por la crisis. De cualquier forma está pendiente de la aprobación del Consejo de Ministros. En la comunidad, el responsable del departamento, Rafael Fernández Alarcón, debería focalizar los esfuerzos en dar cobertura a las más de 500 solicitudes que demandan viviendas sociales. Los grandes planes solo tienen sentido si no dejan al margen a quienes más necesitan de su apoyo.
