La crisis del Gobierno de Aragón por el déficit se ha saldado con un relevo en la consejería de Hacienda y en mandos de Sanidad a todas luces insuficiente. José Luis Saz, Ángeles Alcutén y José Huelin han pagado los platos rotos, los suyos y los de otros que también contribuyeron a que la DGA gastara 254 millones más de la cuenta en el 2013. El inmovilismo de Luisa Fernanda Rudi, contraria al cambio en los equipos, ha dejado a salvo por ejemplo a algún cargo intermedio de los departamentos de Educación y de Ordenación del Territorio, que piden a gritos un relevo. O sobre todo al consejero de Salud, Ricardo Oliván, un político de talla menor que ha descargado sus frustraciones en miembros de su equipo de confianza cuando gran parte de la responsabilidad es directamente suya.
Los déficits en el departamento de Sanidad van mucho más allá de los incumplimientos económicos, pues el departamento no solo ha gastado más sino que ha sido incapaz de obtener los objetivos de eficiencia y calidad que se marcó a principios de legislatura. Sirvan los ejemplos de unas listas de espera crecientes, vergonzantes y ocultas, de una reordenación de pruebas diagnósticas cuyos efectos ahorradores son inexistentes, o de un cabreo generalizado en el sector sanitario. La tarea de los dos sustitutos al frente del Salud y del hospital Miguel Servet, Ángel Sanz y José Ignacio Castaño, es ardua, con la racionalización presupuestaria como punto de partida de otras muchas decisiones que tomar para recomponer equilibrios y recuperar el pulso, siempre que el consejero les conceda una mínima autonomía.
José Luis Saz pudo equivocarse al confiar en exceso en que las consejerías con mayor presupuesto controlarían el gasto cuando a mitad del 2013 recibieron una advertencia para reducirlo. Seguramente erró cuando constató que superaría el déficit del 1,3% autorizado por Rajoy y pensó que tendría margen para la corrección. Pero la responsabilidad no es únicamente suya, puesto que en determinados departamentos se utilizaron subterfugios (los famosos contratos menores, tan difíciles de controlar) por los que se colaron importantes partidas de gasto, o se diseñó desde otros ámbitos un Plan Impulso con una relación coste-oportunidad muy dudosa. Es más, sería injusto que del consejero de Hacienda y Administración Pública dimisionario no se recordaran otras facetas en las que lidió con mayor soltura. Léase la recaudación, donde fue capaz de obtener el 97% de los ingresos presupuestados; la refinanciación de la deuda, al sortear el Fondo de Liquidez Autonómica y acudir directamente a los mercados; o la nueva ley de función pública, que alcanzó el consenso sindical y se encuentra ahora pendiente de aprobación en las Cortes.
Que Aragón haya gastado más de lo permitido por el ministro Cristóbal Montoro es esencialmente un problema para el Gobierno PP-PAR, no para los aragoneses. Al menos, no ha sta que Hacienda decida por dónde mete la tijera en un contexto preelectoral que podría limitar la severidad de los recortes. El problema para los aragoneses es que el Gobierno ha gastado mal, y ese no es un problema originado por el consejero de Hacienda, sino por el escaso tino en la dirección de las carteras que realmente ejecutan los presupuestos, sobre todo el mencionado de Sanidad. Por eso, Rudi, además de sustituir a Saz, está obligada a tomar otras medidas.
Hace solo una semana traía a colación en este mismo espacio los escasos logros obtenidos durante la legislatura en importantes anuncios que se han evaporado con el paso de los meses. Sin ir más lejos, el adelgazamiento eficaz del sector público aragonés, imperceptible y que apenas ha supuesto ahorros insignificantes, muy por debajo de lo previsto en el decreto de racionalización de las empresas participadas. Por no citar la reforma administrativa para evitar duplicidades, siempre pendiente, o los beneficios en las centrales de compra y las economías de escala que no pasan de ser un mantra del que tirar en los discursos parlamentarios.
Se ha echado de menos que además de relevar al titular de la Hacienda aragonesa, la presidenta aludiera a los nuevos objetivos para conseguir la pretendida eficacia en el gasto. Aseguran en el Pignatelli que lo hará este mismo mes, en un consejo de gobierno donde impartirá doctrina para que los consejeros sean rigurosísimos en la ejecución presupuestaria.
Por si acaso, el sustituto de Saz, el diputado Javier Campoy, habría de marcarse su propia hoja de ruta, aprendiendo de los errores que le costaron el puesto a su antecesor. Necesita el nuevo consejero un cronograma claro, un equipo solvente y experimentado, cierta autonomía política para mantener un grado de interlocución directa con sus compañeros de gabinete y sobre todo determinación y arrojo. Si no acomete alguna reforma estructural y se pone muy serio pagará los platos rotos de los demás, y no conseguirá la difícil cuadratura del círculo que significa gastar menos sin afectar a los servicios públicos esenciales.
