Los partidos políticos han discutido ampliamente los últimos días la idoneidad de una comisión de investigación sobre Plaza tras las graves revelaciones judiciales de las últimas semanas. Las dudas esgrimidas son numerosas y en un análisis somero parecen incluso justificadas: solapamiento con la actuación de los jueces, ausencia de recursos para indagar a fondo, posibilidad de que los comparecientes no colaboren, falta de tiempo suficiente para extraer conclusiones, antecedentes desalentadores en los resultados de comisiones anteriores... Pero la investigación en las Cortes es necesaria, pues no se puede presumir que esas incógnitas invalidan sus potenciales efectos para esclarecer lo sucedido y establecer medidas de futuro. La contundencia de las conclusiones judiciales acerca de los sobrecostes y la ausencia de control real en la urbanización del polígono logístico impulsado desde el Gobierno de Aragón merece una respuesta extraordinaria, como lo es la comisión de investigación.
El debate político sobre Plaza paralelo a las actuaciones judiciales no debe verse condicionado por los intereses de los partidos, por sus tacticismos preelectorales o por su legítima aspiración de salvaguardar equilibrios internos. Su conveniencia, formulada a través de la comisión de investigación, viene dada por la obligación de los representantes públicos de ser ejemplo de transparencia y rigor, especialmente en un momento en que la crisis multicausal en la que estamos inmersos ha elevado el nivel de exigencia de la ciudadanía hacia los poderes públicos, exigidos de un constante y sincero ejercicio de legitimidad. Incluso en el supuesto de que todas las causas abiertas por la gestión del polígono logístico quedaran en agua de borrajas, la comisión investigadora y el debate institucional son pertinentes. Si algo ha evidenciado la instrucción judicial son las desviaciones en la ejecución y el laxo control de las millonarias obras de urbanización.
La dimensión delictiva del caso Plaza será la que se sustancie y se demuestre en los tribunales, y en alguno de los supuestos investigados, como el presunto contubernio económico para repartirse los sobrecostes de unas naves, no parece tarea sencilla. No así sus evidentes connotaciones político-administrativas, que deberían ser percibidas como un auténtico punto de inflexión para que la clase política aragonesa realice el ejercicio de catarsis, de depuración y de enmienda que hoy espera la ciudadanía. Como señaló adecuadamente el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, en un reciente informe sobre transparencia y buen gobierno en la comunidad, "la transparencia institucional estrecha el vínculo entre representando y representante, favorece la asunción de responsabilidades por parte de los representantes políticos y por tanto la exigencia de las mismas, lo que contribuye a depurar el sistema político". Habrían de tomar nota los 67 diputados de la Cámara autonómica, que no solo fueron elegidos para obedecer consignas de partido. Cuando está a punto de entrar en el Parlamento la ley de Transparencia enviada por el consejero Roberto Bermúdez de Castro, sería chusco que no se respaldara uno de los mecanismos supremos de supervisión de cualquier parlamento como es una comisión de investigación.
En el último Eurobarómetro sobre corruptelas y malas prácticas políticas, ya se puso de manifiesto que en España "el marco jurídico de lucha contra la corrupción está bien implantado", y así se demuestra con las múltiples causas judiciales abiertas. Ahora bien, el Ejecutivo comunitario propone que se amplíen los mecanismos de control, que se clarifique el proceso de toma de decisiones y que se desarrollen códigos de conducta para los cargos electos, con una rendición de cuentas adecuada e instrumentos sancionadores de las posibles violaciones de dichos códigos. Al mismo tiempo, reclama que las autoridades de fiscalización de cuentas puedan ejecutar "controles sistemáticos y oportunos de los contratos públicos también en el ámbito regional y local", como fórmula para mejorar los índices de percepción sobre corrupción, transparencia y buen gobierno.
Que se apliquen las Cortes de Aragón por la parte que les toca, y olvídense los diputados de partidismos y de componendas. Para ambientarse podrían consultar otro interesante estudio, en este caso de la Fundación Alternativas, sobre las consecuencias electorales de la corrupción. Concluyen sus autores, los profesores Gonzalo Rivero y Pablo Fernández-Vázquez, que no existe evidencia de ningún tipo de castigo electoral a los partidos afectados por investigaciones judiciales. Y por esa razón plantean una serie de propuestas encaminadas a disuadir a los cargos públicos de participar en actividades irregulares mediante el refuerzo de mecanismos de alerta y represión temprana de las actividades sospechosas. Frente a la desafección ciudadana hacia la política solo caben comportamiento intachable y determinación pública. Y en Plaza hay una oportunidad única de dar ejemplo.
