Los resultados de las investigaciones sobre la gestión de la empresa pública Plaza han adquirido ya un calado político muy importante. El último auto judicial que halla indicios de que el gerente de dicha sociedad, Ricardo García Becerril, se repartió 14 millones de euros con el actual propietario del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, y con el entonces viceconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Carlos Escó, ha puesto sobre el tapete lo que era fácil de adivinar: que los inexplicables sobrecostes en la construcción de varias naves tenían gato encerrado. Debemos remitirnos una vez más a la presunción de inocencia. Pero en la sucesión de casos que emergen de la Plataforma Logística la carga de prueba es contundente y significativa. No vale mirar hacia otro lado ni diferir cualquier reacción al desenlace de los procesos. De hecho, cabe preguntarse una vez más si los datos conocidos no obligan a formar de inmediato una Comisión de Investigación que desde las Cortes intente aclarar qué pasó, colaborando con la Justicia y actuando en defensa de los maltratados intereses de la ciudadanía.

RELACIONES EVIDENTES

Agapito Iglesias compró el Real Zaragoza con el apoyo del Gobierno aragonés de entonces, presidido por Marcelino Iglesias. La relación no se ocultó. El hecho de que el consejero de Economía y Hacienda de dicho Ejecutivo pasara a ser presidente ejecutivo de la Sociedad Deportiva fue el primer movimiento de puerta giratoria que incluyó a otros altos cargos o asesores. Al tiempo, las ayudas públicas al equipo aumentaron exponencialmente.

Es obvio que los vínculos llegaron muy lejos. Agapito Iglesias trabajó como contratista en diversas obras públicas, con un creciente volumen de negocio. En una situación tan equívoca todo podía pasar. Los sobrecostes en la construcción de naves en Plaza, ratificados en estos momentos por las investigaciones en curso, apuntan a un personaje clave en el dispositivo gubernamental presidido por Marcelino Iglesias: Carlos Escó. Es lógico.

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

La agenda informativa aragonesa se está cargando de temas que huelen muy mal. No solo es Plaza. Ahí está también el desplome de la CAI o la crítica situación de diversas sociedades públicas. Reflexionar sobre lo que pasó o cómo es posible que hayamos llegado a este punto parece hoy una obligación política y social ineludible.

Alguien tendrá que asumir responsabilidades.