El caso pagarés, una de las piezas clave en los procesos judiciales abiertos en relación con la inaudita gestión de Plaza, está ya listo para ir a vista oral, que podría celebrarse este mismo año. La celeridad de la instrucción llevada a cabo por el juez Francisco Picazo resulta especialmente notable si se la compara con el lentísimo ritmo seguido en otros casos de corrupción político-empresarial. De esta forma, y por vez primera, un alto cargo del Gobierno PSOE-PAR que gestionó la DGA durante doce años se sentará en el banquillo de los acusados.

UN SOBRECOSTE ESCANDALOSO

El viceconsejero de Obras Públicas del citado Ejecutivo, Carlos Escó, que también fue consejero delegado de Plaza, puede recibir una condena de entre ocho y veinte años de prisión si es declarado culpable de los cargos de estafa, malversación y delito societario que le imputa el instructor. Comparten su destino el empresario Agapito Iglesias, así como Ricardo García Becerril y Miguel Ángel Pérez, gerente y director técnico de la plataforma, respectivamente.

Las investigaciones han puesto sobre la mesa indicios claros de que los cuatro imputados acordaron, al margen del consejo de administración de Plaza, incrementar el coste de unas naves construidas por Codesport, la empresa de Iglesias, cuyo presupuesto inicial de 14 millones y medio acabó en más de 32 millones, un incremento bestial del 108%. El instructor ha detectado concretamente la emisión por parte de los responsables directos de Plaza de cuatro pagarés por valor de 8,7 millones, sin que se certificase obra ni se aprobara debidamente semejante desembolso.

CUANDO LA RAPIDEZ ES ESENCIAL

Conocidos los presuntos delitos, detectados sus responsables, la instrucción del caso pagarés ha sido rápida. De esta forma se cumple una norma esencial para el funcionamiento de la Justicia: que las causas no se eternicen. Será la vista oral y la emisión de sentencia la mejor forma de tranquilizar a la ciudadanía, estupefacta con motivos al saber que una empresa pública pudo ser objeto de manejos tan increíbles como el descrito.

Esta premura es tanto más loable cuando tenemos pendientes de juicio casos como el de La Muela. Cinco años de instrucción y aún no se sabe cuándo habrá juicio.