Ha pasado ya un año desde que fiscales y policías empezaron a desentrañar la laberíntica administración de Plaza, uno de los grandes proyectos públicos aragoneses. A día de hoy, dos de las cinco piezas investigadas por los juzgados han sido archivadas, pero otras tres siguen su curso y la Fiscalía Anticorrupción calcula en un mínimo de ochenta los millones que pudieron ser malversados por una trama que incluyó a responsables de Plaza y de sus principales contratistas.

ACELERAR LA INSTRUCCIÓN

Las investigaciones han puesto bajo los focos circunstancias que, por muy presuntas que sean, no pueden sino perturbar a la mayoría de los aragoneses, con cuyos impuestos se levantó Plaza. Si el proyecto tuvo un planteamiento y una gestación perfectamente conveniente para los intereses generales, su desarrollo ya no resultó tan diáfano ni correcto. La sociedad pública (Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y cajas de ahorro) fue desenvolviéndose sin la adecuada transparencia, sus consejos de administración no controlaron las cuentas de manera adecuada y hubo contratos y certificaciones cuando menos sospechosos.

Es impensable que no se pueda desenredar la madeja y determinar si hubo, o no, sobrecostes y apaños, y si, como ha detectado la policía, algunos de los responsables de la plataforma obtuvieron dinero y ventajas materiales a cambio de ajdudicar obras y falsear sus costes. La instrucción de los tres sumarios en marcha debe acelerarse y alcanzar la fase de juicio público sin los enormes retrasos que se han dado en otros casos similares (piénsese en el referido a la gestión municipal en La Muela). Tanto si los imputados son culpables como si son inocentes, no pueden estar en esa condición durante años y años.

UNA SOCIEDAD ARRUINADA

Sea como fuere, lo cierto es que Plaza es hoy una sociedad lastrada por enormes deudas y que necesitará en los próximos años nuevas inyecciones de dinero (créditos y ampliaciones de capital) por valor de decenas de millones. Solo una hipotética reactivación de la economía le permitirá volver a dar algún beneficio. Quizás dentro de cuatro o cinco años. O nunca.

Por eso cualquier presunta irregularidad o delito debe salir a la luz. Para que sus responsables sean castigados sin demoras.